Ex superintendente de Salud y crisis de las isapres: «Dejar como daño colateral a 400 mil personas puede ser un golpe de gracia para el Gobierno»

Manuel Inostroza estuvo a cargo de la Superintendencia de Isapres, primero, y después de la Superintendencia de Salud entre 2003 y 2010. Este miércoles conversó en profundidad sobre la crisis de las aseguradoras en ADN Hoy: fue entonces que planteó dos hitos, ocurridos en su último año a cargo de la institución, que podrían explicar cómo se llegó a este momento:

«Hubo dos fallos judiciales que marcaron el filo del sistema de isapres: uno, en enero de 2010, cuando la Corte Suprema dice que las alzas de precios son unilaterales en precios base y se requiere un nuevo marco regulatorio, porque empezaron a fallar sistemáticamente en contra, hasta que el 30% de los cotizantes empezaron a reclamar contra las alzas de los precios».

Y lo segundo, en agosto del mismo año, el Tribunal Constitucional establece el fallo «diciendo que las tablas de factores de riesgo, que se habían regulado pero no eliminado, eran inconstitucionales. De ahí hubo cuatro comisiones presidenciales, donde las propuestas mayoritarias eran la eliminación de la preexistencia y cautividad, de las tablas de riesgo, pero lamentablemente las isapres se negaron a esta reforma, hicieron lobby en el parlamento y no hubo acuerdo político».

En 2014, cuando finalmente las isapres se allanaron a la reforma, Inostroza apuntó a que fue «la izquierda dijo que no quería mejorarlas, ni transformarlas, sino eliminarlas y tener un sistema único de salud. De 2014 a la fecha, no hemos podido implementar la reforma».

Así, dijo el ex superintendente: «Hay un mea culpa de la clase política, de las isapres, que se negaron a esta reforma y por eso pagan consecuencias. Pero es llorar sobre la leche derramada».

La solución, a su juicio, es hacer una «interpretación rápida de la Superintendencia para darle viabilidad al sistema, aprobar la ley corta de los acuerdos», y desde el Gobierno, eliminar las tablas de riesgo y reemplazarla con una tarifa plana y solidaria «plena»; un plan único en el sistema de isapres; cambiar el modelo de compra y mecanismos de incentivo «para la contención de costos, incluyendo el modelo de atención primaria en el modelo asegurador», y desde allí comenzar a pensar en una reforma de fondo.

«Dejar como daño colateral a 300 mil o 400 mil personas que no puedan continuar sus beneficios de salud, es un costo político mayor que a un gobierno debilitado como el de hoy, puede ser un golpe de gracia para los tres o cuatro años que quedan de gestión», sentenció.

Estrategia política

Como varios, el hoy académico Inostroza cree que la desidia gubernamental responde a «hacer ahora la reforma que no pudieron hacer antes (en el proceso constitucional)».

La preocupación está en los tres millones 204 mil personas aseguradas en las isapres, de las cuales entre un 10% y 15% están cursando una patología. «Quién le va a dar continuidad y beneficios a alguien que está en quimioterapia que está iniciándola en el primer mes y le quedan cinco o seis meses por delante. Es lo que me preocupa y he tratado de poner sobre la mesa», resumió.

Recuerda, así, la quiebra de la isapre Vida Plena en 2003: «Me tocó buscar una solución: de hecho, aprobamos un proyecto de ley en un plazo de 60 días para distribuir a los afiliados en el resto del sistema. El problema es que aquí el problema está multiplicado por 22 veces, porque afecta a toda la industria, a todas las isapres, a todos los afiliados y eso no ha sido visto ni por el Gobierno, ni por la clase política».