Director del Servicio de Migraciones confirma que «ya van más de 1.700 órdenes de expulsiones administrativas»

Cuando los focos iluminan a la macrozona norte, la pregunta que surge de los críticos a la actual administración de Gobierno es: «¿Por qué no se decreta estado de excepción constitucional para controlar la migración?». Después, se habla de cierta inacción o letargo que Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, se apura en responder: «Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos».

«Ya van más de 1.700 órdenes de expulsiones administrativas en el Servicio Nacional de Migraciones; hemos presentado un proyecto de ley para facilitar el proceso de expulsión que tiene que materializar la PDI; y estamos discutiendo dos o tres proyectos más que estamos estudiando con las comisiones de Gobierno de ambas Cámaras para fortalecer las capacidades y facilitar aún más los procesos de expulsión. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para incrementar el volumen de expulsiones», desarrollo.

Si se han ejecutado pocas, precisó después, es porque «es un proceso engorroso»: «En ningún caso hay una disposición ideológica o de Gobierno en no expulsar gente. En ningún caso, si están los decretos firmados».

Con todo, la situación de los migrantes, apuntó el director, está en la situación de irregularidad que va más allá del norte de Chile: «En los últimos años sabemos que han ingresado un número importante de personas de manera irregular, de las cuales no tenemos registro, no sabemos quiénes son; tenemos un dato aproximado respecto de dónde están, que son las denuncias que tiene la PDI. Tenemos un problema a nivel nacional que tenemos que abordar en varias dimensiones y una de esas es la frontera, el control que puede establecer el Estado ahí y cómo se puede fortalecer este mismo».

En concreto, los anuncios han apuntado a incrementar los puestos de vigilancia en la frontera, junto con un proyecto de ley que se discutirá prontamente para proteger la infraestructura crítica.

Así las cosas, el que no se plantee el estado de excepción en el norte va, primero, porque «es una decisión que se toma a nivel de Gobierno, no depende de nosotros -dijo Thayer-, y la posición de la ministra y de Gobierno es poner a las fuerzas armadas en el registro de infraestructura crítica. Cuando hubo estado de excepción en el norte, no se redujeron los ingresos clandestinos. Es una medida que tiene un efecto comunicacional importante, pero el práctio es limitado. Tenemos que tratar de salirnos del efecto comunicacional y trabajar en medidas que pueden ser más eficaces».

Los estados de excepción, complementó el director, serían circunstanciales: «La idea de fondo es buscar soluciones permanentes, no soluciones que respondan a una excepcionalidad. Por eso avanzamos en diversos ámbitos: en aumento de reconducción, en aumento de vigilancia, en lo de infraestructura crítica, fortalecer las capacidades de control en las fronteras y en la coordinación con la PDI para materializar las expulsiones».

Pero puede ser que la situación de Chile sea un desincentivo para migrar. Ante esto, el director señaló: «Para el retorno (al país de quien migra), la situación económica de Chile es un desincentivo. Hemos firmado casi 6 mil autorizaciones de salida de personas con ingreso clandestino. Los autorizamos para salir regularmente. La gran mayoría son venezolanos que se vuelven porque no encuentran lo que vinieron a buscar. Vivimos en la región una situación de mucha inestabilidad en términos migratorios (…) Tenemos una situación que es cambiante, donde Chile ya no es tan atractivo como antes, pero sigue siendo un país con mejores condiciones de acceso al empleo. Entonces va a seguir viniendo gente y esperamos que se produzca de manera ordenada y regular en la frontera».