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Subsecretario Monsalve responde a vocera de la Corte Suprema: «El Estado de derecho está puesto en jaque hace mucho tiempo»

En esa misma línea, atribuyó el estado actual de la seguridad a un actuar acumulativo: "El Estado de Chile no logró detener a tiempo el crimen organizado".

Manuel Monsalve, 1024x576 jpg ok

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Luego que la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dijera en su habitual punto de prensa que, ante el aumento de los homicidios en el mes de agosto, «el Estado de Derecho está puesto en jaque», el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que «el Estado de Derecho, a propósito del crimen violento y organizado, está puesto en jaque no desde hoy; está puesto en jaque hace mucho tiempo».

Según las cifras señaladas por Monsalve, hasta el 31 de agosto iban 631 homicidios en todo el 2022. «No es el único año reciente en la cual las cifras al 31 de agosto han superado los 600 homicidios; ha habido otros años en los que también ha ocurrido», precisó la autoridad.

«Cuando el Estado de Derecho está en jaque, lo que corresponde es tomar decisiones que permitan sacar al Estado de Derecho y a los ciudadanos de esta situación», agregó luego.

En esa línea, puntualizó aquellas temas en los que el Gobierno central ha trabajado: «Hay una agenda legislativa: estas no son palabras, son leyes que están en trámites, respecto de las cuales el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha presentado indicaciones. El proyecto de robo de madera salió del Congreso y está a punto de promulgarse; presentamos indicaciones respecto al proyecto de ley de narcotráfico que salió de la comisión de Seguridad del Senado y está por votarse en la sala. Y ayer estuvimos en la comisión de Seguridad del Senado para acordar presentar indicaciones a la ley de crimen organizado, para tipificarlo mejor, facilitar su identificación y persecución y darle más capacidades al Estado para perseguirlo».

Tras ello, agregó: «Estamos construyendo una política nacional contra el crimen organizado, hemos constituido el consejo asesor nacional contra el crimen organizado, hemos levantado un plan contra el narcotráfico, contra el tráfico ilegal de armas y contra el lavado de activos. Y seguimos trabajando para que Chile tenga un plan contra el contrabando, contra el tráfico ilegal de personas y contra el cibercrimen».

Seguridad a nivel municipal

Otro de los puntos abordados por el subsecretario del Interior fue la medida tomada por la municipalidad de Lo Barnechea en relación con instalar detectores de metales en algunas fondas: «Este es el primer año después de la pandemia que los chilenos y chilenas podrán disfrutar de las fondas. La seguridad es una tarea prioritaria del Gobierno. Hay un trabajo muy intenso de Carabineros y la PDI que agradecemos, pero también el sector privado debe colaborar en esa tarea, igual los municipios. Nos parece que es una buena medida que se coloque detectores de metales en fondas. Uno de los elementos más presentes en los hechos delictuales graves son las armas de fuego. Por lo tanto, evitar que las personas ingresen a fiestas masivas portando armas de fuego, nos parece una medida necesaria».

Sobre si esta es la realidad de Chile, matizó: «La realidad de Chile se construye progresivamente y efectivamente el Estado de Chile no logró detener a tiempo el crimen organizado».

En esa línea, alcaldesas y alcaldes solicitaron, vía carta, que se destine el 2% del presupuesto de la nación para combatir la delincuencia, lo que se traduciría en una inyección de US$1.600 millones. El subsecretario del Interior hizo una apreciación:

«Los desafíos siempre van acompañados de definiciones presupuestarias. La tarea principal respecto a la lucha contra el crimen está radicado en Carabineros y la Policía de Investigaciones. También es relevante la tarea del Ministerio Público. También otras entidades: aduanas, Gendarmería, la Policía m¿Marítima. En esas instituciones el Gobierno tiene potestad para fortalecer recursos y facultades. Como se ha adelantado en materia legislativa, evidentemente los municipios y los gobiernos regionales deberían tener mayores atribuciones en materia de seguridad. Pero es algo que está en discusión».

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