Partido Comunista y el Frente Amplio podrían aprobar proyecto sobre infraestructura crítica

Conocida por todos era la postura que hace no mucho tiempo tenían el Partido Comunista y el Frente Amplio sobre el proyecto de ley que debía proteger la infraestructura crítica y sancionar a quienes atentaran contra ella.

En 2020, luego de su aprobación en el Senado, el proyecto fue rechazado en general por la Cámara de Diputados conformada por el hoy Presiente de la República, Gabriel Boric, y miembros importantes de su actual gabinete, como Giorgio Jackson y Camila Vallejo.

Para resolver las diferencias entre ambos hemiciclos, el proyecto pasó a la Comisión Mixta del Parlamento que incluía cinco diputados y cinco senadores. Pero la instancia solo se reunió una vez, hasta este año, cuando el propio gobierno solicitó volverla a convocar para discutir una alternativa al estado de excepción en la Macrozona Sur.

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En esta ocasión y siendo aprobada en la Comisión Mixta por siete votos a favor y solo una abstención -Jorge Brito (RD)-, la semana pasada fue votada favorablemente en la sala del Senado, solo con un voto en contra de Fabiola Campillay y tres abstenciones de Claudia Pascual (PC), Daniel Núñez (PC) y Juan Ignacio Latorre (RD).

Dado lo anterior, este lunes se votará en la sala de la Cámara Baja y de ser aprobada con los 2/3 necesarios, será despachada como reforma constitucional desde el Congreso.

La disposición en el PC al proyecto sobre infraestructura crítica

«Hay algo que ha cambiado, que ha mejorado, que no es lo mismo del periodo anterior», comentó el diputado comunista Boris Barrera, palabras que podrían dar luces de lo que se viene este lunes.

Lo que busca la iniciativa es que el Presidente de la República tenga la capacidad de desplegar a las Fuerzas Armadas para que estas puedan resguardar un «conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales y de utilidad pública», como lugares que sean «indispensable para la generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como energía, agua o telecomunicaciones«, entre otros.

La controversia con este proyecto de ley tiene que ver con el contexto en el que se desarrolló, dado que independientes del comité RN, como Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh, presentaron en noviembre de 2019 en pleno estallido social esta propuesta que se entendió como una reacción a las manifestaciones de la ciudadanía.

Y como esta iniciativa invoca el despliegue de las Fuerzas Armadas, generó rechazo no solo entre un sector de la población sino también al interior del actual oficialismo. El texto sobre infraestructura crítica manifestaría la restricción a los uniformados ya que «no podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público».

Ahora, el gobierno se ha abierto a la posibilidad de aprobarlo, debido a que se encuentra en una posición aún más complicada debido todo lo acontecido en la Macrozona Sur. El conflicto que se vive en el sur del país ha puesto en jaque en más de una ocasión a la ministra del Interior, Izkia Siches, que ya ha acudido varias veces al Congreso para pedir la prórroga del estado de excepción y que deberá enfrentar su primera acusación constitucional.

Debido a lo anterior, y para no presionar a los legisladores cada dos semanas para extender el estado de excepción, la herramienta establece que la protección a la infraestructura crítica sería con un plazo de 60 días prorrogable con la visa del Parlamento.

Así, el Ejecutivo buscaría convencer a Apruebo Dignidad para aprobar esta alternativa. De hecho, durante la votación en el Senado el ministro Segpres, Giorgio Jackson, aseguró que «nosotros la asumimos con la mayor de las responsabilidades, en el caso de ser aprobada, para poder utilizarla para la seguridad de la nación».