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“Sumamente grave”: presidentes de la CPC y la CChC critican cese de megaproyecto inmobiliario en Ñuñoa

“Entre trabajadores directos e indirectos son del orden de 3 mil puestos de trabajo que se paralizan y quedan en la calle”, indicó Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.

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En el marco del segundo día consecutivo de manifestaciones por parte de trabajadores de la construcción en Ñuñoa, debido al cese de una megaproyecto inmobiliario en la comuna, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz y el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, tras una reunión sostenida con la ministra Izkia Siches, se manifestaron en contra de la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana de rechazar esta obra. 

En detalle, el pasado lunes, dicho organismo integrado por los nuevos seremis del actual Gobierno y la delegada presidencial, rechazó la construcción del proyecto Egaña Comunidad Sustentable, que busca la construcción de cuatro edificios, tres habitacionales y uno de oficinas e involucra 1.828 departamentos, pese a que esta obra obtuvo en 2019 la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

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Una noticia «lamentable»

Respecto de esta decisión, que podría dejar a cerca de 3.000 trabajadores sin su puesto laboral, el cabecilla de la CChC, Antonio Errázuriz sostuvo: «Nosotros lo encontramos lamentable. Una de las cosas en la que hemos estado preocupados nosotros como gremio es colaborar para eliminar el déficit de vivienda en el país, que son 700 mil viviendas y en este caso estamos hablando de un proyecto que incluye una buena cantidad de viviendas”. 

«El problema es que todos estos proyectos tiene sus autorizaciones al día y la incorporación del Servicio de Evaluación Ambiental con nuevos ministros elegidos, dice vamos a revocar la autorización, entonces qué hace la inmobiliaria que tiene un monto de inversión de 350 millones de dólares, que tiene contrato con una empresa constructora y dice no puedo seguir adelante con ese contrato y ahí los más afectados son los trabajadores”, detalló.  

“Estamos hablando de un proyecto que entre trabajadores directos e indirectos son del orden del 3 mil puestos de trabajo que se paralizan y quedan en la calle”, complementó.  

En esa línea, Errázuriz sostuvo que se le planteó a la ministra Siches “que hubiese una mayor consideración a cuando uno tiene las autorizaciones y esta judicialización que hay una vez que se están ejecutando los proyectos afecta mucho la certeza, la seguridad y para invertir necesitamos seguridad”. 

Un hecho «sumamente grave»

Por su parte, el presidente de la CPC, Juan Sutil, calificó lo sucedido en Ñuñoa como “sumamente grave”, recalcando que “no es posible entender que un proyecto del 2017 se presenta a evaluación ambiental, se presenta a evaluación de la ciudadanía, se aprueban todos los permisos, se logran las autorizaciones, se inician las obras y hoy un tribunal que cambia su composición decide paralizar una obra y dejar a miles de trabajadores sin poder avanzar”. 

Pero el representante de los empresarios detalló que esto también pasa en Estación Central y es una situación “más grave, porque los edificios están listos para poder entregarlos a las comunidades. Esas incertezas fueron parte de la conversación que tuvimos con la ministra y todo su equipo porque la certeza jurídica es básica para que la gente pueda emprender”.

“Esto le puede significar la quiebra a la constructora, a la empresa inmobiliaria e incluso al banco que lo financió (…) No se puede actuar con tanta liviandad o quizás irresponsabilidad, parar un proyecto que ya estaba con todos sus permisos y espero que ese mismo tribunal revoque esto”, cerró Sutil.

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