Katherine Martorell por sumario en compra de cámaras: «Contraloría, en ningún caso, señala que existen elementos que pudieran revestir características de delito»
La actual vocera de campaña de Sebastián Sichel salió al paso de la medida que se tomó este viernes contra el organismo que ella dirigió hasta hace algunos meses.
Este viernes, la Contraloría General de la República constató que no se cumplieron las bases del proceso de licitación efectuado el año 2020 en la Subsecretaría del Delito en la compra de cámaras corporales para la policía uniformada, acción que involucró $378 millones.
Tras lo informado por el ente fiscalizador, la exsubsecretaria de la Prevención del Delito, Katherine Martorell, emitió un comunicado en el que se defendió de lo expuesto por la Contraloría.
En el escrito, la actual vocera de la campaña de Sebastián Sichel indicó que «la Contraloría emitió un informe respecto de la licitación de cámaras bodycam, cuyo objetivo era una mayor transparencia de la labor de Carabineros», sostuvo.
«En ese informe, la Contraloría establece que hay errores administrativos, algunos de los cuales se comenzaron a subsanar durante mi gestión y otros que serán subsanados por el Servicio, tal como ha solicitado el ente contralor», complementó Katherine Martorell.
Aseguró además que «como es evidente, y dado que una de las empresas que perdió la licitación presentó una querella, este informe fue emitido a la Fiscalía Centro Norte, que lleva la investigación. La Contraloría, en ningún caso, señala que existen elementos que pudieran revestir características de delito«, indicó.
Cerró con que «tal como señalé en su oportunidad, una vez que termine este proceso, presentaré las acciones legales en contra de la empresa, porque querellarse injustificadamente en este país no puede ser gratis», finalizó Katherine Martorell.
Los antecedentes del caso en que se señala a Katherine Martorell
Según lo expuesto por la Contraloría, los aparatos debían contar con una característica en específico que era el «post recording», que permite mantener la grabación por 120 segundos luego de apagada la cámara. Sin embargo, la empresa a la cual se le adjudicó la licitación, Motorola, no acreditó que las cámaras contaban con este modo, además de presentar su propuesta fuera de plazo.
A raíz de esto, Contraloría instruyó la apertura de un sumario para determinar las responsabilidades administrativas en el caso. Además los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público para esclarecer eventual configuración de delitos.
