Corte de San Miguel ordenó a Cesfam evaluar aborto a joven embarazada por anticonceptivos defectuosos
Acusaron una omisión caprichosa, arbitraria e ilegal al no entregar una respuesta frente a la solicitud de interrupción del embarazo por causal de riesgo de vida de la madre.
Colegio de Químicos Farmacéuticos llamaron a las autoridades y laboratorio a responsabilizarse por anticonceptivos mal envasados
La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió de manera parcial un recurso de protección y ordenó a un Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna de Talagante evaluar la interrupción del embarazo de una mujer, por el uso de los anticonceptivos defectuosos de Anulette CD, entregados en el servicio de salud primaria.
Tras los hechos presentados por las abogadas de la joven, el fallo establece un actuar ilegal y arbitrario del Cesfam Alberto Allende Jones, donde se atendía la afectada, al no entregar una respuesta frente a la solicitud de aborto por causal de riesgo de vida de la madre.
Las defensoras exponen que a la mujer no se le notificó sobre la falla de los anticonceptivos que tomaba y ella misma notó su embarazo en octubre del año pasado, lo que le ha llevado a un «desbalance en su salud psíquica, con crisis de pánico y angustia, síntomas de desánimo, falta de apetito, carencia de motivación que le han impulsado a tener ideas suicidas«.
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De esta forma, el tribunal concluyó que el Cesfam «al no haber ejecutado la recurrida acciones específicas tendientes evaluar un diagnóstico compatible con la voluntad de la recurrente -quien no se encuentra obligada a conocer los protocolos técnicos en la materia- ha incurrido en una omisión que no sólo resulta caprichosa y por tanto arbitraria (…) sino también resulta ilegal«.
Debido a esto, ordenaron que en un plazo de cinco días el Cesfam evalúe médicamente a la joven, «a objeto de constatar o descartar un diagnóstico compatible con la causal del artículo 119 1) con relación al artículo 119 bis inciso 1° del Código Sanitario».
Cabe recordar que entre marzo y septiembre de 2020, el Instituto de Salud Pública (ISP) ordenó el retiro de unos lotes de píldoras anticonceptivas administradas en centros de salud públicos, debido a que estaban defectuosos.
