Abogado por dictamen de la DT: Se le asigna el costo de la cuarentena a los trabajadores

El abogado y magister en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Diego Portales, Mauricio Daza, conversó con ADN Hoy con respecto al dictamen de la Dirección del Trabajo (DT), que suspende salarios en el marco de la cuarentena sanitaria.

Al respecto, el jurista consideró como «sorprendente» que una entidad que tiene como objetivo proteger los derechos de los trabajadores salga con un decreto tal, además de que «lo que se hace es establecer, de una forma abstracta, general, que en aquellos casos donde existan trabajadores que están recluidos en sus casas por una cuarentena decretada por la autoridad, pierden el derecho a sus remuneraciones«.

«Es ir un paso más allá de las interpretaciones históricas que ha hecho la Dirección del Trabajo, en torno a lo que es caso fortuito o fuerza mayor, que se estaban limitando en la causal de despido. Pero lo que se dice (ahora) es que se suspende la relación laboral, en condiciones en donde el trabajador está impedido legalmente de poder salir y concurrir a su trabajo, y los costos de esta situación se las asignan exclusivamente al trabajador, la parte más débil de la relación laboral», expresó.

Daza cuestionó además que la disposición de la DT «no hace distingo entre grandes empresas y PYMEs. Se aplica por igual lo que de no pagar la remuneración si el trabajador no llega a su lugar de trabajo por la cuarentena, se le coloca en una situación imposible. Si no va a trabajar, no va a recibir remuneración, pero si va a trabajar, es amenazado con multas y penas hasta de cárcel. ¿Quién paga entonces el costo de la cuarentena?».

El abogado recordó lo que ocurre en otros países, en donde ha sido el Estado el que ha debido costear esta problemática, que en el caso de Chile vulnera principios de derecho y protección laboral, además de estabilidad de empleo.

Además, con respecto a la posición de la DT de dejar el tema que se resuelva caso a caso en los tribunales de justicia, Daza consideró que «no es vinculante. No veo que vaya a ser acogida ni respetada por los tribunales, porque va en contra de varios principios básicos del derecho laboral».