Ministerio Público ordenó allanamiento de la Intendencia y sede de la DC en Rancagua
El fiscal jefe de la Región de O'Higgins, Roberto Díaz, señaló a ADN Radio Chile que se realizó una diligencia en simultáneo en ambas dependencias, además de la casa particular de la secretaría regional de la DC, donde se incautaron computadores y archivos por una presunta intervención electoral.
Una incautación a los computadores tanto de la Intendencia de la Región de O’Higgins, de la sede de la Democracia Cristiana (DC), la casa y oficina de la secretaria regional del PDC , Sara Romero Álvarez, ordenó este lunes el fiscal Luis Toledo a fin de determinar la existencia de una presunta intervención electoral en la citada zona.
El fiscal jefe de la Región de O’Higgins, Roberto Díaz, afirmó a ADN Radio Chile que se realizó una acción en simultáneo en las tres dependencias con el fin de encontrar documentos para investigar la denuncia que tiene su origen en informaciones de prensa y realizada por parlamentarios independientes.
"Este lunes recibí la denuncia de los diputados (Esteban) Valenzuela y (Alejandra) Sepúlveda por un sinumero de delitos como malversación de caudales públicos, fraude al fisco, violación de seceto y abuso contra particulares. Designé al fiscal Luis Toledo y esta mañana se hicieron las diligencias en simultáneo", declaró Díaz.
La diligencia ordenada por el Ministerio Público, y que fue encomendada por efectivos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, apunta a analizar los datos de los discos duros y soportes electrónicos, mediante un exhaustivo estudio en los laboratorios de la policía civil de Santiago.
"Incautamos computadores y material relativo a CD’s donde pudiera estar la información solicitada, para que eventualmente la información no sea destruida", recalcó.
Según consta en un correo enviado por Romero Álvarez a seremis y jefes de servicios, que habría dado origen a la indagatoria del ente persecutor, se habría invitado a una reunión en la que se solicitaba llevar cuatro copias digitalizadas de las bases de datos de beneficiarios e impacto de programas gubernamentales.
Además, se habría pedido las bases de datos de organizaciones beneficiarias por distrito; conocer las fechas tentativas de futuros encuentros, seminarios, capacitaciones, entrega de beneficios, entre otros; los nombres de funcionarios de confianza de los servicio que puedan servir de puente de información y/o gestión interna; además de las nóminas de funcionarios públicos DC (fonos y correos privados), de los servicios que "nos permita armar prontamente los núcleos en cada repartición pública", sostiene en parte el mail.
Según informó, los delitos indagados por el Ministerio Público serían los de "violación secreto funcionarios", el cual está sancionado en el artículo 246 del Código Procesal Penal y la infracción a la Ley protección de la vida privada.
