Informe sobre DD.HH. afirma que plan AUGE es discriminatorio

El Informe Anual Sobre Derechos Humanos 2008 que prepara la Universidad Diego Portales (UDP), estableció que el derecho a la Salud en el país no está garantizado en el Plan AUGE), al quedar al descubierto que la promesa de cobertura anunciada se supedita, en la práctica, a criterios económicos y no sanitarios, especialmente en el caso de las mujeres y sus necesidades especiales.

Al advertir las discriminaciones, se consigna que existes diferencias por edad, residencia y género. Por ejemplo, la artrosis de cadera es una patología AUGE y esta sólo disponible para mayores de 65 años; lo mismo ocurre con la epilepsia, excluye a las personas mayores de 15 años, la escoliosis, excluye a las personas mayores de 25 años y el asma, menores de 15 años, así lo explicó la académica Alejandra Zúñiga.

"El Plan AUGE en esencia es discriminatorio, porque incorpora criterios de racionamiento sanitario que son incompatibles con los parámetros de equidad", enfatizó Zúñiga.

Además, declaró que en Chile no sólo existen deficiencias de patologías, sino de infraestructura, "el cáncer sólo se pueden atender en los Centros PANDA, pero en Chile existen sólo 18 centros con estas características, la mayoría en la Región Metropolitana, es más hay regiones completas que no tienen ningún centro como la tercera y la sexta región. Esas personas por vivir en el lugar equivocado no tienen acceso al plan".

Denunció la falta de especialistas para enfermedades como el parto con analgesia, según los datos entregados por licenciada, menos de un 30 por ciento de las mujeres en Chile puede acceder a este tratamiento, porque no hay especialistas que puedan atender esta enfermedad.

Por último, Zúñiga enfatizó que "No es un problema de listas de espera, aquí tenemos una situación donde miles de personas, que tienen enfermedades AUGE, no gozan de los beneficios".

El informe anual presenta 14 temas sobre los derechos humanos y será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el próximo mes de octubre.

Manifestaciones sociales

También, en el informe se muestran las irregularidades presentadas en las manifestaciones sociales y en el cambio de percepciones que tiene la gente antes estos hechos.

"El Gobierno cataloga como ilícita cualquier manifestación social, sino es por medio de negociaciones colectivas, además de despidos de personas que participen activamente en estos actos", enfatizó Nicolás Espejo, editor general del informe.

Según lo manifestado en la cuenta anual, el Estado de Chile mantiene una legislación restrictiva del derecho a la huelga en sus aspectos esenciales. "Un Estado que no reconoce adecuadamente el derecho a la huelga de sus trabajadores, tiene serias dificultades para honrar su compromiso con la dignidad del trabajo y con la humanización del capital", planteó Espejo.

Además, enfatizó que "las autoridades ven las protestas como mera violencia, porque así lo declara, pero no son eso, son manifestaciones de libertad de expresión".

Situación en las cárceles

En el documento se reiteran las críticas por las falencias en el sistema penitenciario, explicando que el sistema "está pronto a colapsar, porque existen problemas en su ejecución. Creemos que el sistema penitenciario esta en crisis y debe ser estructuralmente modificado y esto no se soluciona por la sola creación de nuevas cárceles".

"El Gobierno prometió diez nuevas cárceles, de las cuales el 60 por ciento esta en funcionamiento, pero el 78 por ciento de las personas privadas de libertar están en las cárceles antiguas", enfatizó Espejo.

Asimismo, explicó que existen casos de torturas y falta de protección judicial efectiva de internos, problemas de crisis estructural de los centros de privación de libertad dependientes del SENAME, donde existen casos de tortura, castigos, falta de condiciones de higiene, seguridad, alimentación y educación adecuadas.