Justin Trudeau decide apoyar la expansión de la industria petrolera canadiense
El gobierno de ese país nacionalizará el oleoducto Trans Mountain, pese a la oposición de políticos, indígenas y ong's.
Del dicho al hecho todo queda lejos. En la campaña de 2015, Justin Trudeau prometió escuchar a los pueblos originarios, no apoyar con dinero público al sector petrolero y aplicar rigor en temas medioambientales. El presidente de Canadá anunció la nacionalización del oleoducto Trans Mountain, para su expansión. "Es una buena inversión para el futuro de Canadá", explica Bill Morneau, el ministro de finanzas.
La empresa Kinder Morgan recibirá unos 3.500 millones de dólares. El 31 de mayo era la fecha límite para confirmar la construcción de una segunda línea o abandonar el proyecto. "Todos los riesgos estarán sobre las espaldas de los contribuyentes", dijo Alexandre Boulerice, diputado de Nuevo Partido Democrático (NPD). Elizabeth May -líder del Partido Verde- lo calificó de "enorme subsidio a los combustibles fósiles".
Trudeau explicó que Canadá pierde anualmente US$ 11.600 millones, porque está obligado a colocar el petróleo en Estados Unidos. Por eso el interés está en enviarlo a otros países por mar. También expresó que la compra de Trans Mountain refleja el compromiso del gobierno cuando aprueba un proyecto.
La oposición la encabezan autoridades municipales, ong's y académicos, preocupados por los riesgos medioambientales. Grupos indígenas se sumaron a la causa, por la posibilidad de que sus actividades -principalmente caza y pesca- se vean afectadas, y también por la poca atención que les prestaron los evaluadores, a pesar de que la Constitución dicta que estas comunidades pueden decidir qué sucede en sus territorios.
John Horgan, diputado del NPD y nuevo primer ministro de la provincia Columbia Británica, expresó que busca frenar la expansión de Trans Mountain, por lo que llevó el caso a los tribunales. Aunque el gobierno federal tiene el poder constitucional de autorizar proyectos interprovinciales, Horgan solicita a los jueces que se pronuncien sobre la facultad regional para frenar una amenaza medioambiental.
El gobierno federal busca a inversores que quieran participar en el proyecto o que deseen adquirirlo. Ottawa debe pagar a Kinder Morgan a más tardar el 22 de julio. La cancelación de la obra es un escenario válido, ya que las protestas continúan y los tribunales estudian los recursos. Trudeau ya constató que la oposición al proyecto rebasa las fronteras, cuando debió soportar una manifestación en su viaje a Londres en abril.
