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Préstamos informales: PDI explica delitos y riegos asociados a créditos con entidades no autorizadas

Ciudadano ADN conversó con el subprefecto Marcelo Romero, jefe de la Brigada Investigadora Metropolitana de Delitos Económicos, quien llamó a reforzar la educación financiera.

Préstamos informales: PDI explica delitos y riegos asociados a créditos con entidades no autorizadas

Prestamos informales: PDI explica delitos y riegos asociados a créditos con entidades no autorizadas

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Durante el 2022 se presentaron casi 17.000 denuncias por estafa a nivel nacional, algunas de ellas relacionadas a préstamos o créditos informales con entidades no autorizadas.

Debido a esto, Ciudadano ADN conversó con el subprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI), Marcelo Romero, jefe de la Brigada Investigadora Metropolitana de Delitos Económicos. 

“En primer término, es importante dejar en claro que recurrir a personas naturales o jurídicas que se dedican a la prestación de dinero o a realizar créditos de manera irregular, sin esta sujeta bajo la fiscalización y tutela del organismo encargado de esto, que es la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), es exponerse siempre a ser víctimas de delitos”, comenzó explicando el policía. 

El subprefecto detalló que las personas que recurren a estos préstamos no autorizados o ilegales no solo se exponen al ilícito de estafa, ya que “también están expuestos a ser víctimas de delito de usura, que inclusive puede derivar o dar pie a otro tipo de delitos: la extorsión o la amenaza”. 

En esa línea, Marcelo Romero puntualizó que el delito de usura es “básicamente, luego de que  se presta el dinero, ir aplicando una tasa de interés más allá de lo legal”. 

El llamado es nunca interactuar o relacionarse comercialmente con personas que no están cumpliendo con la normativa vigente. En este caso, someterse a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero”, agregó el funcionario de la PDI. 

¿Cómo se realizan estos préstamos?

El subprefecto aclaró que actualmente estas agrupaciones dedicadas a los préstamos ilegales actúan principalmente por redes sociales. “Se pueden encontrar avisos publicitarios que dan cuenta de créditos y que corresponde a una aplicación que se puede descargar en un teléfono, donde la víctima interactúa con terceras personas que son los victimarios que ofrecen créditos”, sostuvo el policía. 

“Al momento de descargar la aplicación, el usuario se expone a que esta tenga acceso a datos personales. Una vez que se concreta el préstamo, se hace la entrega del dinero por un transferencia bancaria, pero en la medida que la víctima no paga en el plazo, se le comienza a presionar y amenazar con hacer un mal uso de sus datos contenidos en el celular”, complementó el jefe de la Brigada Investigadora Metropolitana de Delitos Económicos. 

¿Qué hacer ante amenazas?

Consultado sobre qué hacer en caso de estar frente a amenazas por préstamos ilegales, el efectivo de la PDI recalcó: “Lo principal es hacer la denuncia. He escuchado algunas versiones de terceros, que en esta nueva modalidad de delito, incluso la víctima ha preferido acceder a los requerimientos del victimario, a fin de evitar que, por ejemplo, se haga mal uso de imágenes que contenga su teléfono celular”. 

Bajo este escenario, el experto en delitos económicos expuso que para evitar involucrarse en este tipo de hechos, lo más importante es la educación financiera. 

Hay organismos que están autorizados para realizar esta actividad de préstamo, que son principalmente los bancos, las cooperativas, las cajas de compensación y también está la Dirección de Crédito Prendario», dijo el experto. 

En ese sentido, el PDI indicó que la CMF «ha hecho campañas preventivas que apuntan a evitar este tipo de delito y han dado a conocer justamente el nombre o razones sociales de instituciones o falsas empresas que ofrecen créditos que en realidad nunca terminan entregándose y al mismo tiempo, publica también en su página web cuáles son las instituciones que están autorizadas y que están reguladas». 

Legislación

Finalmente, respecto a avances en la legislación para frenar este tipo de conductas delictuales, el subprefecto Romero afirmó: “Hay instancias institucionales que siempre están coordinadas, las autoridades de Gobierno y las autoridades políticas en general, y cada vez que se solicita información estadística, sobre todo de modus operandi nuevos, se trabaja coordinadamente con la autoridad administrativa con esa finalidad”. 

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