Aumento del IVA para servicios enciende las alarmas entre los empresarios: incrementaría la informalidad e iría «en perjuicio de los consumidores»

Que desde el 1 de enero próximo todas las prestaciones de servicios estarán afectas a Impuesto al Valor Agregado (IVA) es una medida que tiene en alerta a los empresarios grandes, medianos y pequeños. Se trata de la entrada en vigencia de la Ley 21.420, que ordena a que los empresarios agreguen un 19% al valor de servicio y en ese sentido, emitir la documentación tributaria correspondiente.

Por cierto, existirán exenciones, como aquellos servicios personales por los que se emiten boletas de honorarios: el transporte; la educación; en el área de la salud también; entre otros. El detalle está en este link. Pero la inminente entrada en vigencia de la ley alertó, sobre todo, al gremio del comercio.

La Cámara Nacional de Comercio (hoy en día a la cabeza de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC) pidió a la Cára de Diputadas y Diputados, y al Gobierno, que resiven la Ley: «Creemos que debiera modificarse dicha norma en términos de restringir su aplicación solo respecto de las operaciones que se realicen con contribuyentes que pagan ese impuesto».

«Asimismo, y dado que cualquier cambio normativo requiere tiempo, solicitamos se suspenda su aplicación, invocando en esta solicitud lo mismo que se hizo cuando se aprobó la ley que condicionaba el uso del crédito fiscal a que el IVA estuviere pagado», añadieron desde la organización en un comunicado de prensa.

La Cámara de Comercio aseguró que la medida aumentará el IVA en perjuicio de los consumidores de servicios como cuidado de ancianos y rehabilitación de drogas; los condominios que pagan por seguridad y mantención de jardines; y los servicios profesionales cuyos socios no son profesionales.

«Resulta impracticable establecer que solo las sociedades profesionales no paguen IVA, porque si un socio muere, deja de tener el beneficio. Además, debiera establecerse que dichas entidades siempre son Pymes, independientemente de las normas de relación, porque su aplicación conlleva que, si un socio participa en sociedades con alto flujo, impedirá que los demás puedan beneficiarse de la cláusula Pyme, introduciendo una diferencia que resulta injusta», señalaron desde la organización gremial.

El presidente de la CNC y de la CPC, Ricardo Mewes, apuntó a una postergación de la implementación: llamó a «aplazar y concentrarnos en estudiar una mejor salida. Es importante que en general, las empresas, cuando se generan este tipo de medidas tienden a dejar la formalidad o informalizarse. Para nosotros la CNC ha sido toda la vida un trabajo el buscar la formalización de las empresas. Es tremendamente importante que las medidas tiendan a la formalización de las empresas, sino hay menos bases tributarias, hay menos recursos para las políticas públicas del Estado y nosotros no queremos que pase eso».

Pero el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió rápido a los planteamientos hechos por el lider de los empresarios:

«No responde a la reforma tributaria actual; corresponde a las medidas tributarias que se aprobaron en los últimos meses del Gobierno anterior. Por un lado, demuestra que no es buena idea legislar en los últimos meses de un gobierno sobre temas importantes, no es bueno hacerlo de amnera apresurada, pero también me parece sorprendente que cuando quedan 15 días para terminar el año, hayan gremios que recién estén planteando este tema».

Después, Marcel profundizó: «Desde que se aprobó esto, tuvimos 10 meses para prepararnos, adecuardos. Entonces por qué gremios que, en términos de sus competencias profesionales, deberían ser capaces de anticipar las cosss, especialmente en materia legislativa, como son abogados o contadores, hayan esperado que faltaran 15 días para plantear problemas y postergaciones. Más que postergaciones, hay que plantear soluciones. Nosotros estamos dispuestos a considerarlas peror tenemos que tener claro que nos estamos haciendo cargo de un problema que dejó esta legislación apresurada del Gobierno anterior».

Sebastián Hurtado, fiscal de la CNC, también apuntado a la entrada en vigencia de la ley, dijo: «Por un lado, se comenzarán a gravar una serie de actividades que antes se encontraban exentas, en perjuicio de los consumidores, los cuales tendrán que soportar ese mayor valor en servicios como cuidado de ancianos, rehabilitación, seguridad, entre otros».

«La base de cálculo sobre la que se aplicará el IVA es el precio acordado: por ejemplo, si el rpecio acordado incluye el IVA, podría generarse problemas con los consumidores por haberse pagado un sobreprecio por la prestación de servicio ya que el valor acordado no debió haber incluido ese IVA. Además, medidas como esta implicarán un aumento en la tasa de informalidad en el segmento de prestadores de servicio, el más informal, donde según datos del INE solo el 20% está obligado a cotizar y el resto no entrega boleta de honorarios», cerró Hurtado.