Crisis de las isapres: Asociación acusa «incongruencia normativa» y advierte posible «insolvencia» de algunas entidades

Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de Isapres, dio cuenta en ADN Hoy el potencial colapso del sector en números: «En los últimos 18 meses el sistema ha tenido un déficit de $222.000 millones, lo que equivale al superávit de las isapres de los cuatro años anteriores. Esa es la velocidad del deterioro de la situación. La magnitud es muy grande». En el mediano plazo, algunas prestadoras podrían incluso quebrar.

Parte de los argumentos expuestos por la ministra de Salud, María Begoña Yarza, para contrastar la situación de las isapres han sido las ganancias que han tenido en los años de existencia. David Debrott, economista y exjefe de Estudios y Desarrollo de la Superintendencia de Salud, por su parte, calculó en una columna publicada en Ciper en «$1,3 billones los que los afiliados a las isapres les han transferido a los dueños de estas en este periodo (1990-2021)». 

No obstante el llamado a la «generosidad» que hace Debrott, Simón, representante del gremio, asegura: «Lo que vemos es que la crisis es muy aguda. Por eso estamos levantando esta advertencia. En sentido que en los próximos meses, no en los próximos años, sino que en un periodo de tiempo relativamente corto (podría quebrar). Pero principalmente por la incongruencia normativa que está impidiendo a las isapres poder corregir la situación y volver a funcionar de manera normal podría producir una crisis, un cierre, una falla de algunas isapres».

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¿Qué pasó con los billones acumulados en los últimos 30 años? «Lo que hacen las instituciones con los recursos del superávit, excedentes o utilidades, la mayoría sin reinvertidos, sea en sector isapres, o salud o en algún otro sector. Los recursos no están disponibles para ser utilizados, sino que están invertidos», explicó Simón.

A juicio del representante del gremio, el problema es judicial: desde hace años han enfrentado la judicialización en las «adecuaciones» de precios. Tribunales pidieron que esta situación se corrigiera, lo que resultó en la Ley 21.350, que traspasa la adecuación de precios a la Superintendencia de Salud. Así, el organismo estableció un alza máxima de 7,6% (versus el 30% de los últimos tres años). Las isapres, según Simón, cumplieron con la ley, y la Superintendencia resolvió congelar los precios. Así, «se produce una incerteza, ¿cómo trabajo? Y lo mismo a nivel de tribunales: hay sobre 300 mil casos en tribunales, acogidos por ellos, sin embargo aplicando la ley que pidieron que operaran», dice Simón.

«Vemos que la interpretación de las autoridades es contraria a esa misma obligación que establecen ellos mismos. Con ese nivel de incerteza jurídica es difícil de gestionar, administrar y avanzar en corregir la situación de tal manera de volver a un equilibrio y tener la certeza de cumplir con un contrato y darle a las personas el acceso a la pensión de salud que requieren», agregó.

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Así las cosas, la solicitud de la asociación es «si la superintendencia determinó que era un 7,6%, que la superintendencia permita que sea ese 7,6%. Nada más que eso. Lo único que se pide es que esa ley opere. Es poder cumplir con los contratos: que los ingresos recopilando sean suficientes para poder otorgar los beneficios que se están otorgando. En caso contrario, se produce un déficit que no puede ser permanente porque las isapres tienen que otorgar los beneficios y si no se puede, las isapres caen en insolvencia. Es pedir que la ley funcione».