Servicios básicos: alcaldes y Conadecus pidieron a La Moneda intervenir frente a aumento de morosidad

Poco más de seis meses de vigencia le quedan a la Ley de Servicios Básicos, que de manera excepcional dispone medidas a favor de los usuarios de los servicios sanitarios, electricidad y gas de red, como la continuidad del suministro y la suscripción de planes de pago para quienes no puedan cumplir con sus cuentas debido a la pandemia.

Sin embargo, una alerta se encendió desde la Asociación de Municipios Libres (AMIL), agrupación fundada el 2 de agosto de 2019 y que reúne a los jefes comunales de Cerro Navia, Canela, Recoleta y La Ligua. La entidad llegó junto a la Corporación de Consumidores y Usuarios (Conadecus) hasta La Moneda, para entregar una carta que resume sus preocupaciones.

En la misiva, dirigida al Presidente Sebastián Piñera, manifestaron que si bien la norma sigue en vigor, han aumentado los hogares morosos y también los montos, lo que se suma a la incertidumbre una vez que termine su validez, el 31 de diciembre de este año.

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Y lo hicieron cifras en mano, citando a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC): sólo en el sector eléctrico hay 720.840 hogares con cuentas impagas, de los cuales el 28% corresponde a clientes que cayeron en morosidad después del inicio de la pandemia. Además, sólo 196 mil han suscrito un convenio con su distribuidora.

El alcalde de Cerro Navia y presidente de la AMIL, Mauro Tamayo, dijo temer que las empresas suspendan el suministro cuando la ley venza y, además, suban las tarifas.

“Estamos hablando de US$340 millones, eso es mucha plata. No es posible. Y si bien es cierto que hoy no le van a cortar la luz si se atrasa en la deuda, el 1 de enero las distribuidoras podrían cortar el suministro eléctrico a cientos de miles de familias por no pago”, señaló Tamayo.

Agregó que “además, la deuda sólo acumula intereses y se va arrastrando hacia adelante y la pandemia no permite enfrentarla. Les pedimos al Ejecutivo lo antes posible enfrentar esta deuda con la industria, condonar las deudas y además, generar un subsidio al servicio eléctrico permanente”.

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¿Qué piden puntualmente?

Los firmantes de la carta hablan de “intervención estatal” mediante ayudas económicas para regularizar las deudas de las familias más vulnerables del país. Además, solicitan “que el concesionario del servicio reduzca sus utilidades y asuma parte de la deuda con el fin de conseguir el saneamiento de esta”.

Como cualquier subsidio o ayuda estatal requiere de gasto fiscal, un proyecto en esa línea sólo puede ser presentado por el Ejecutivo. Ante esto, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, pidió a La Moneda considerar la situación económica de las familias.

“Hay un tema de fondo que es el endeudamiento que se ha ido provocando por las postergaciones o la cesantía, la falta de trabajo y la falta de ingreso de los trabajadores y de los ciudadanos y se ha ido acumulando una deuda que se está transformando en impagable para estas personas”, argumentó Calderón.

También señaló que “es necesario que el Gobierno tome las medidas y mande proyectos de ley para poder resolver este endeudamiento, pero nosotros queremos ir más allá, queremos que los servicios básicos tengan un subsidio permanente. No es posible que las personas más vulnerables tengan que pagar el mismo servicio incluso a un precio mayor que la industria”.

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¿Qué dicen desde las distribuidoras?

Desde las empresas sanitarias expresaron su disponibilidad para conversar con el Ejecutivo y ver alternativas, pero con anticipación y coordinación.

La presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), Jessica López, señaló que dada la vital importancia del agua en esta pandemia, las empresas han mantenido el suministro para sus clientes, pero alertó que si bien no han aumentado sustancialmente los clientes morosos, sí lo han hecho los montos.

“Ya en junio de 2021 la morosidad sigue aumentando, no el número de deudores, pero si la cantidad de deuda que están acumulando las familias. Es grande y son momentos muy duros para ellos”, indicó López.

Añadió que “por lo tanto, pensamos que es bueno resolverlo pronto. Esto es algo que pensamos que iba a durar tres o seis meses. Sin embargo, ya vamos a hacer un año y medio o a lo mejor llegamos a los dos años y, por lo tanto, tenemos que tener una solución pronta”.

Además la ejecutiva llamó a las personas que puedan pagar por el servicio, que lo hagan, para no dejar en desventaja a quienes no pueden pagar y que sí se han tenido que acoger a los planes de pago que contempla la ley.

“Es importante que las personas que puedan pagar lo sigan haciendo. Este es un mecanismo que fue diseñado para personas que tenían dificultades de pago, por lo tanto, los que tienen posibilidades de pagar, tienen que pagar sus cuentas de servicios básicos. Es una obligación moral que tenemos con el resto y con el funcionamiento del país”, subrayó López.

Además, remarcó que “las personas que tengan reales dificultades deben contactar a su empresa sanitaria para ver la forma de resolver la situación”.

Consultados por ADN, desde el rubro de la distribución eléctrica optaron por no emitir su opinión en esta oportunidad.