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Grecia aplicó un recorte de hasta el 40% en las pensiones y subió impuestos

Atenas dejará sin trabajo durante al menos un año a 30.000 funcionarios. El Ejecutivo baja a 5.000 euros el mínimo exento para tributar por la renta.

Tras varios días de rumores y miedos inconcretos, los ciudadanos griegos ya saben cómo les va a repercutir la nueva oleada de recortes que el Gobierno se vio obligado a aprobar. Tras una tensa reunión de seis horas, el Consejo de Ministros anunció el enésimo plan de austeridad con el que trata de esquivar la quiebra. Los más perjudicados, como ya ocurrido en los ajustes anteriores, son las clases medias, los pensionistas y, muy especialmente, los funcionarios.

Los primeros tendrán que hacerse la idea de que el impuesto sobre las viviendas no tendrá una vigencia de dos años, como se anunció al principio, sino por lo menos de cuatro. Además, solo estarán exentos del impuesto sobre la renta aquellos que ganen menos de 5.000 euros al año, y no 8.000 como hasta ahora. Las pensiones superiores a 1.200 euros se reducirán en un 20% en la parte que supere esa cifra; y se recortará un 40% de lo que exceda a 1.000 euros para aquellos que se hubieran retirado antes de los 55.

Pero el mayor castigo, como exigían la UE y el FMI, se lo llevan los funcionarios. El primer ministro, Yorgos Papandreu, ya había anunciado hace tiempo el proyecto de enviar a los funcionarios a la "reserva", un limbo en el que se pasa a cobrar un 60% del salario anterior durante un año.

Tras ese periodo transitorio, los empleados públicos que no se hayan reconvertido en el sector público a través de cursos de formación ni hayan encontrado un puesto en la empresa privada pasan directamente a las listas del desempleo. La novedad del Consejo de Ministros de ayer fue ponerle números a este colectivo: serán 30.000 los integrantes del sector público que pasen a la reserva. Muchos se preguntan cómo van a encontrar empleo todos a la vez en un país en el que la tasa de paro ya supera el 16%. Además, el nuevo sistema de salarios "transparente, fiable y justo" supone para los trabajadores del sector público, según algunos analistas citados por la agencia Efe, una caída en sus ingresos del 15%.

Pese a la cada vez más insoportable presión popular, el Gobierno aprobó estas medidas para lograr arrancar a la troika -Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo- el sí que desbloquee los 8.000 millones correspondientes a este mes del rescate que se aprobó en mayo del año pasado. Sin este dinero, como se encargaron de repetir en los últimos días los socialistas de Papandreu, el país entraría en la ruina y ni siquiera podría pagar a profesores, médicos y el resto de empleados públicos.

 

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