Aseguran que ministro Rabat ocultó sentencias de la Corte Suprema que negaban rebajas de condenas a pederastas
El ministro de Justicia enfrenta una investigación penal e intentos de acusación constitucional tras liberar a decenas de condenados por delitos sexuales.
Agencia Uno
El titular del Ministerio de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta un complejo escenario luego de revelarse la autorización de decenas de rebajas de condena para agresores sexuales de menores. Pese a que el secretario de Estado argumentó que la Corte Suprema lo obligó a tomar estas determinaciones, los registros exponen una cronología distinta.
El medio Reportea publica que entre marzo y junio, el máximo tribunal respaldó en al menos seis oportunidades la decisión inicial de la cartera de rechazar estos beneficios. Sin embargo, a partir de ese mes, Rabat experimentó un giro en su criterio y comenzó a visar todas las solicitudes ingresadas por condenados por estos delitos.
Las contradicciones de la autoridad se agudizan al constatar que aprobó liberaciones anticipadas pese a advertencias técnicas. Documentos oficiales demuestran que las Seremis del Biobío y la Región Metropolitana le notificaron expresamente que varios postulantes no cumplían los requisitos, alertas que fueron desestimadas al firmar los decretos.
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El argumento central esgrimido en los nuevos decretos señala que la cartera se encuentra “jurídicamente impedida de rechazar el beneficio de reducción de condena” si los delitos ocurrieron antes de febrero de 2022. Esa fecha marca la promulgación de la normativa que prohíbe entregar garantías procesales a pederastas.
En su defensa, Rabat intentó responsabilizar a las comisiones evaluadoras, asegurando que él solo formaliza la ponderación de antecedentes. No obstante, reportes independientes hallaron más de 20 resoluciones donde el ministro negó el beneficio a presos comunes que sí contaban con la aprobación de dichas instancias.
Ante el cúmulo de antecedentes, la Cámara de Diputados aprobó conformar una comisión investigadora para esclarecer los procedimientos internos. En paralelo, parlamentarios de oposición articulan los respaldos para presentar una acusación constitucional que busca destituir al secretario de Estado por su responsabilidad política.
La arista más severa recae en la justicia penal. El Ministerio Público abrió una investigación por el presunto delito de prevaricación, surgida por una denuncia parlamentaria. Recientemente, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirmó que el titular de Justicia ya mantiene la calidad de imputado en esta causa.
Mario Vergara
Editor general del área digital de Radio ADN. Enfocado en cobertura política y contingencia internacional....
