Diputado Araya solicita invalidar 56 decretos de rebaja de condenas: “Lo central es garantizar la seguridad de las víctimas”
El parlamentario también abordó la posibilidad de impulsar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia.
Oscar Guerra
Este miércoles, el diputado Jaime Araya (ind-PPD) solicitó al Ministerio de Justicia invalidar los decretos de rebaja de condenas que beneficiaron a 56 personas que cometieron delitos sexuales contra menores de edad y que, según denunció, fueron dictados sin una orden judicial.
En conversación con La Prueba de ADN, el parlamentario sostuvo que la petición, presentada junto a los diputados Héctor Ulloa y Cristian Tapia, busca corregir decisiones administrativas y evitar que se ponga en riesgo la seguridad de las víctimas.
En ese sentido, Araya explicó que la solicitud se fundamenta en la Ley de Procedimiento Administrativo, que permite a las autoridades invalidar actos administrativos dentro de un plazo de dos años, si las condiciones lo permiten.
“Cualquier autoridad que emite un acto administrativo tiene la potestad durante los dos años, a petición de parte o de oficio, de invalidar dicho acto. Eso existe”, afirmó.
El diputado manifestó especial preocupación por las rebajas otorgadas. Según relató, en algunos casos se habrían reducido condenas en 30 meses por delitos de violación de menores, mientras las víctimas desconocerían quiénes son los beneficiados.
Por ello, enfatizó que la prioridad debe ser garantizar la seguridad de las personas afectadas y sus familias, considerando los antecedentes técnicos sobre el riesgo de reincidencia.
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“Lo más importante, yo diría, y espero que no se malentienda lo que voy a decir, más allá de la responsabilidad política, está garantizarle a las víctimas, a sus familias (...) que van a estar seguros”, sostuvo.
También advirtió sobre la posibilidad de que quienes accedieron a estos beneficios vuelvan a cometer delitos de la misma naturaleza. “Aquí lo peor que nos podría pasar es que alguna de estas personas vuelvan a cometer el delito de la misma especie contra las mismas víctimas o contra otros”, señaló.
Eventual acusación constitucional
Durante la entrevista, el diputado también abordó la posibilidad de impulsar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia.
Además, sostuvo que la discusión no debe centrarse únicamente en los apoyos políticos que podría reunir la iniciativa, sino también en la gravedad de los hechos y en la protección de las víctimas.
En ese sentido, aseguró que el tema podría convocar apoyos más allá de la oposición y mencionó que parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional habían manifestado su disposición a respaldar la acusación.
