Fiscalía judicializa causa por fraude al Fisco vinculada a contratos de ENAP y financiamiento de defensas del estallido social
Nuevos antecedentes del caso Hermosilla apuntan al embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, en calidad de imputado.
Gabriel Zaliasnik / FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO
La situación judicial del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, sumó un nuevo capítulo de alta tensión luego de que la Fiscalía Regional de Valparaíso judicializara la investigación penal en su contra ante el Séptimo Juzgado de Garantía por el eventual delito de fraude al Fisco, arista que se desprende de las conversaciones filtradas con el abogado Luis Hermosilla, según reveló Reportea.
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La indagatoria, dirigida por la fiscal regional Claudia Perivancich, busca determinar si existió una triangulación de fondos públicos para financiar la defensa de altas autoridades policiales y políticas imputadas por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019.
Contratos millonarios y el rol de ENAP
El foco central de la fiscalía se concentra en las transferencias efectuadas por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y su filial Enap Refinerías S.A. al estudio jurídico Albagli Zaliasnik y Compañía, el cual ha recibido montos superiores a US$ 1 millón (cerca de $962 millones de pesos) entre 2019 y 2025.
El hito más complejo se sitúa a mediados de 2020, cuando el bufete asumió la representación de la estatal en un arbitraje internacional con la firma española Duro Felguera por US$ 435.000.
La asignación del contrato se concretó el 25 de junio de 2020, justo un día antes de la renuncia de Loreto Silva a la presidencia del directorio de ENAP y de forma paralela a las gestiones en que Zaliasnik y Hermosilla coordinaban el pago de honorarios por la defensa del ex General Director de Carabineros, Mario Rozas.
Chats revelan presiones políticas y blindaje a Chadwick
Los registros telefónicos recuperados del celular de Hermosilla exponen intensas conversaciones entre mayo y junio de 2020 para asegurar el financiamiento de la representación de Rozas, involucrando al exministro del Interior, Andrés Chadwick, y a la propia Loreto Silva.
En los mensajes, los juristas daban cuenta de su influencia en el nombramiento de jueces en altas cortes y evaluaban el impacto comunicacional de los testimonios ante el Ministerio Público.
En una de las conversaciones del 1 de diciembre de 2020, tras la declaración de Rozas ante los fiscales, Zaliasnik le comentó a Hermosilla: “Mi sensación no fue buena. Lo que mejor salió fue la respuesta que le quita cualquier responsabilidad a Andrés”, reflejando la preocupación por evitar que la responsabilidad penal escalara hacia la cúpula civil del segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Descargos de la defensa y acciones querellantes
Frente a los requerimientos de la fiscalía, la defensa de Zaliasnik (liderada por el abogado Jorge Gálvez) negó categóricamente cualquier irregularidad, sosteniendo que el contrato con ENAP obedeció a una licitación legítima y que los honorarios por la representación de Rozas fueron cancelados formalmente por la ONG Nos Importan por un monto de $57,3 millones.
No obstante, abogadas querellantes en las causas por violaciones a los derechos humanos anunciaron la solicitud de nuevas diligencias y citaciones a declarar a las autoridades involucradas, buscando esclarecer si se utilizaron gastos reservados o recursos fiscales no declarados para sostener estrategias judiciales privadas y articular un blindaje político durante la crisis social.
Gonzalo Miranda
Periodista de la UNAB, Editor web de Radio ADN desde el 2025, con pasos en diversos medios de comunicación...
