Las grietas del proyecto del gobierno “Ley sin escape”: los 4 grandes reparos advertidos por la Corte Suprema
Desde la pérdida del derecho del acusado a defenderse en persona hasta deficiencias de técnica legislativa, el informe enviado al Senado detalla las tensiones entre la eficacia penal y las garantías constitucionales.
Corte Suprema de Chile
El informe emitido por la Corte Suprema sobre el proyecto de ley que regula el juicio oral en ausencia del imputado, llamado Ley sin escape, que y fortalece la persecución del crimen organizado ha abierto un profundo debate jurídico en el Congreso
Si bien la propuesta busca evitar la impunidad de líderes criminales que se sustraen voluntariamente de la justicia, el máximo tribunal expuso serias reservas constitucionales, procesales y prácticas sobre la viabilidad y legitimidad del mecanismo[5].
1. Atentado contra el debido proceso y la “defensa material”
El aspecto más controvertido del análisis radica en el voto disidente de los ministros Muñoz, Llanos y Zepeda, quienes manifestaron reparos sustanciales al régimen de juzgamiento en ausencia. Los magistrados advirtieron que esta modalidad atenta contra el debido proceso y contraviene tratados internacionales ratificados por Chile, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.3.d) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2.d), los cuales consagran el derecho inalienable del acusado a estar presente en su juicio.
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Los ministros enfatizaron que la presencia del imputado no es una formalidad, sino el núcleo de la defensa material. Según la disidencia, el abogado defensor no puede sustituir la información que el imputado entrega en tiempo real durante la audiencia para controvertir pruebas, orientar el contraexamen de testigos o decidir objeciones de litigación.
Al eliminar la inmediación entre el tribunal, la prueba y el acusado, se vulnera la estructura básica del sistema acusatorio chileno consagrada en el artículo 285 del Código Procesal Penal.
2. Riesgos e ineficiencia probatoria: ¿Un retroceso a la prueba tasada?
Otro foco de crítica proviene de la prevención suscrita por los ministros Valderrama, Llanos, Zepeda y Silva respecto a la regla de valoración probatoria por indicios (artículo 4 bis propuesto). Los jueces cuestionaron la necesidad de esta norma, argumentando que el estándar actual de la sana crítica (art. 297 CPP) ya otorga herramientas suficientes para ponderar la prueba indirecta en delitos complejos.
Asimismo, alertaron que fijar reglas rígidas sobre indicios “múltiples, precisos, graves y concordantes” entraña el riesgo de involucionar desde la apreciación libre de la prueba hacia esquemas arcaicos de prueba legal o tasada[16][18]. A juicio de los magistrados, esto abre una ventana peligrosa para fundamentar una ola de recursos de nulidad que busquen discutir aspectos meramente fácticos ante las cortes, sobrecargando el sistema judicial[16][19].
3. Ineficiencia práctica y amenaza a la estabilidad de las sentencias
La Corte Suprema también levantó alertas sobre el alcance real de dictar condenas contra personas prófugas. El tribunal advirtió que una sentencia dictada en ausencia no garantiza la ejecución efectiva de la pena y genera un escenario de alta incertidumbre procesal.
Dado que el proyecto reconoce el derecho a un nuevo juicio oral si el condenado reaparece o demuestra desconocimiento del proceso, el sistema judicial se expone a constantes reabrimientos de causas, afectando la estabilidad de la cosa juzgada y elevando de forma severa los costos operacionales del Poder Judicial.
4. Deficiencia de técnica legislativa en el recurso de nulidad
Finalmente, el informe técnico identificó fallas de redacción en la creación de la nueva causal de recurso de nulidad para juicios en ausencia. El proyecto señala vagamente que la norma se incorporará “en la disposición pertinente”, sin precisar el artículo concreto dentro del Código Procesal Penal.
La Corte remarcó que un mecanismo tan relevante para el control de garantías exige una ubicación normativa clara y precisa para evitar dudas interpretativas en los tribunales de alzada.
Mario Vergara
Editor general del área digital de Radio ADN. Enfocado en cobertura política y contingencia internacional....
