Ofician a CGR: director del Sernac, suspendido hace un año por casos de ley Karin, sigue cobrando un sueldo superior a los $8 millones
En marzo, el gobierno le pidió la renuncia pero el funcionario se negó a dejar el cargo, por lo que fue apartado, pero sigue percibiendo su sueldo de manera íntegra mientras se resuelve el sumario.
Andrés Herrera / Sebastian Beltran Gaete
La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) ingresó un oficio formal ante la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento urgente sobre la situación administrativa y financiera que afecta a la jefatura del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) Andrés Herrera Troncoso, a cargo del organismo desde 2022.
El requerimiento, remitido a la contralora general Dorothy Pérez, denuncia que el director nacional del servicio se mantiene suspendido de sus funciones desde hace casi doce meses debido a un sumario administrativo en tramitación originado por acusaciones de maltrato laboral.
En marzo de este año, el biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, pidió la renuncia voluntaria del organismo, pero este se negó. Fuentes cercanas a la cartera afirman que tras la negativa, y de acuerdo con el marco legal vigente, la remoción definitiva de la autoridad queda supeditada a la resolución del sumario en curso.
Más información
A pesar de la medida preventiva, el funcionario, seleccionado por Alta Dirección Pública (ADP), ha continuado recibiendo su remuneración íntegra mensual de aproximadamente $8.000.000 mensuales, alcanzando cifras superiores a los $11.000.000 en meses con bonos y asignaciones especiales. Con esto, el desembolso fiscal acumulado durante la indagatoria ya sobrepasa los $90.000.000 en remuneraciones sin una contraprestación de labores activas.
Además de la suspensión, diversos medios de prensa han informado desde hace meses que el cuestionado director del Sernac además presentó licencias médicas durante el período de sumario, las que, según los reportes, han sido renovadas.
Impacto presupuestario en el servicio
En el texto fiscalizador, la parlamentaria advirtió el perjuicio que significa este gasto para el presupuesto operativo del organismo, señalando que la mantención de estos pagos representa un “daño patrimonial significativo para una institución cuyo presupuesto no admite holguras”.
Asimismo, el documento expone que tales fondos fiscales debiesen orientarse al fortalecimiento de los equipos regionales, la modernización de los canales de atención y el robustecimiento de las facultades sancionatorias y de mediación que contempla la ley.
Petición de celeridad institucional
Frente a la prolongada extensión del proceso disciplinario, la legisladora remarcó la necesidad de terminar con el escenario de incerteza al interior del servicio público, advirtiendo sobre las señales que genera la falta de resoluciones oportunas frente a denuncias de acoso o maltrato.
Por tales motivos, el requerimiento solicita a la Contraloría revisar la legalidad del pago íntegro de sueldos durante la suspensión de funciones y pedir máxima celeridad en la resolución del sumario, resguardando los principios de probidad y uso eficiente de los recursos del Estado.
