Megafraude por licencias médicas: dictan penas de hasta 21 años de cárcel y una histórica multa

El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó la lectura de sentencia con condenas históricas contra los integrantes de una vasta red criminal responsable de perpetrar el mayor fraude al fisco registrado en el sistema previsional de salud chileno.

El tribunal calificó el caso como un fenómeno delictivo “paradigmático y sin precedentes”, que desbordó con creces los márgenes habituales de los delitos patrimoniales debido al volumen ingente de ilícitos cometidos. La resolución sancionó de forma ejemplar a los acusados por los delitos reiterados de fraude de subvenciones, emisión y tramitación de licencias médicas ideológicamente falsas, asociación ilícita y lavado de activos.

De acuerdo con lo acreditado en el juicio, los hechos fueron ejecutados mayoritariamente por ciudadanos de nacionalidad colombiana habilitados para ejercer la medicina en Chile gracias al convenio bilateral sobre profesiones liberales suscrito en 1921. Aprovechándose de esta prerrogativa estatal y vulnerando abiertamente sus deberes éticos, los facultativos conformaron tres estructuras asociativas organizadas llamadas: Mi Tití, Campos, Prevenir.

El monto total acreditado como perjuicio asciende a más de $26.536 millones de pesos ($26.536.293.631), desglosado de la siguiente manera:

• Estructura “Mi Tití” (Samir Rivaldo, Jessica Donado, Ana Beatriz Toncel y Karen Mejía): $12.972.551.425.
• Estructura “Campos” (Rodrigo Campos, Obet Urrea, Jeiner Olivero y Jorge González): $11.499.511.546.
• Estructura “Prevenir” (Lisney de la Hoz, José Joaquín Ñeco y Álvaro Ñeco): $2.024.562.717.

Mediante estas bandas y en conjunto con facilitadores no facultativos, montaron un negocio ilícito a gran escala dedicado a la emisión y venta masiva y sistemática de decenas de miles de licencias médicas falsas para capturar indebidamente subsidios por incapacidad laboral tanto de Fonasa como de diversas Isapres.

Las pesquisas judiciales establecieron que la maquinaria defraudatoria funcionaba a través de tarifarios diferenciados para la comercialización de los días de reposo ficticios, logrando recaudar sumas exorbitantes de dinero espurio. Para ocultar el origen delictivo de las ganancias, los sentenciados aplicaron eficaces mecanismos de estratificación e integración patrimonial propios del lavado de activos, logrando dispersar una porción significativa de los fondos fuera del alcance inmediato de la justicia.

Asimismo, los magistrados recalcaron que la cuantiosa pérdida de recursos públicos provocó un severo daño social que repercute directamente en la calidad y cobertura médica de los sectores más vulnerables de la población que dependen exclusivamente del sistema público.

Cárcel efectiva para líderes y libertad vigilada para facilitadores

Frente a la gravedad de los hechos, el tribunal impuso penas de estricto cumplimiento efectivo a 11 acusados por no reunir los requisitos de penas sustitutivas.

Entre los castigos más severos destacan las penas conjuntas contra los médicos y líderes de las estructuras, tales como Samir Enrique Rivaldo Hernández, condenado a 10 años y un día de presidio mayor por fraude reiterado de subvenciones, 5 años de reclusión menor por emisión de licencias falsas, 3 años por asociación ilícita y 3 años por lavado de activos, dando 21 años de cárcel, sumando multas que superan los 2.500 millones de pesos.

Penas de presidio que superan los 15 años acumulados también recayeron sobre los médicos Jessica Donado Alvis, Ana Beatriz Toncel Peña, Obet José Urrea Pérez, Jeiner Alberto Olivero Álvarez y Rodrigo Andrés Campos Cuello.

Asimismo, otros facultativos miembros de las agrupaciones fueron condenados a 7 años de presidio mayor por fraude de subvenciones, sumados a 5 años de reclusión por licencias falsas, 300 días por asociación ilícita y 300 días por blanqueo de capitales.

Este grupo de profesionales con penas efectivas incluye a Lisney Loret de la Hoz Orozco, José Joaquín Ñeco Cervantes, Karen Cecilia Mejía Cantillo, Jorge Antonio González Guerrero y Álvaro Enrique Ñeco Cervantes, quienes además quedaron sujetos a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y para el ejercicio de sus profesiones titulares mientras duren sus respectivas condenas.

Por su parte, las facilitadoras de la estructura “Campos”, Nancy Marianela Verdeja Felipes y Javiera Nicole Verdeja Felipes, recibieron penas de 3 años y un día de reclusión menor más 300 días por asociación ilícita, siendo beneficiadas con la modalidad de libertad vigilada intensiva al cumplir con los requisitos de la Ley 18.216.

Bajo el mismo régimen de supervisión de Gendarmería quedaron los imputados individualizados como compradores de los instrumentos fraudulentos —Miguel Ángel López Hidalgo, Luis Alberto Geria Hermosilla, José Luis Araya Barraza y Marcelo Alberto Olivares López—, quienes fueron sancionados a 3 años y un día por fraude de subvenciones y 600 días de presidio menor por obtención de licencias falsas, junto con el pago de multas e inhabilitaciones legales.

Millonaria multa

Finalmente, en el plano indemnizatorio, el tribunal acogió íntegramente la demanda civil deducida por el Consejo de Defensa del Estado en representación del fisco de Chile.

La sentencia obligó al pago solidario de más de 26.000 millones de pesos para resarcir a Fonasa, desglosados en $12.972 millones imputables a la estructura “Mi Tití”, $11.499 millones a la estructura “Campos” y $2.024 millones a la banda “Prevenir”, además de los montos individuales impuestos a los compradores.

Para garantizar la restitución de estos dineros defraudados, se decretó el comiso definitivo de todos los vehículos, dineros incautados e inmuebles decomisados durante las indagatorias.