Filtraba información a organizaciones criminales: qué se sabe del funcionario del 3° TOP de Santiago detenido
La investigación apunta a que el trabajador habría revelado diligencias reservadas y medidas intrusivas a una banda ligada al narcotráfico, cobrando dinero por entregar los antecedentes.
Centro de Justicia / Juan Gonzalez
Nuevos antecedentes se conocen respecto del funcionario administrativo del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago detenido en medio de una investigación por una presunta filtración de información judicial a organizaciones criminales.
El trabajador es indagado por supuestamente entregar datos reservados sobre diligencias y medidas intrusivas a cambio de pagos.
La investigación se originó a partir de una causa por narcotráfico desarrollada en San Bernardo. Durante las diligencias, los investigadores detectaron que integrantes de la organización investigada manejaban una cantidad significativa de información sobre procedimientos reservados que se estaban realizando en su contra. Las propias comunicaciones del grupo habrían permitido advertir la existencia de una posible filtración.
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Interceptaciones habrían vinculado al funcionario con banda narco
A partir de esos antecedentes, los equipos investigadores comenzaron a determinar quiénes podían acceder a la información comprometida. Ese proceso habría permitido identificar al funcionario del tribunal como uno de los eventuales involucrados y avanzar posteriormente con interceptaciones telefónicas.
Según los antecedentes de la causa, en esas escuchas se habría registrado la voz del imputado manteniendo comunicaciones con integrantes de la banda, instancia en la que presuntamente cobraba por entregar información y ofrecía sus servicios.
La investigación busca establecer el alcance de las filtraciones, cuánto dinero habría recibido y si existen otras organizaciones beneficiadas.
El procedimiento derivó este lunes en diligencias de la Fiscalía y la PDI en dependencias del tribunal, además de otros inmuebles vinculados al detenido.
El funcionario deberá enfrentar este martes 25 de agosto una audiencia por eventuales delitos de cohecho, revelación de secreto por funcionario público y revelación de secretos contemplada en la Ley 20.000.
