Gobierno recurre al TC para frenar artículo de la megarreforma que obliga a la reconexión gratuita de servicios básicos

El Gobierno justificó su sorpresiva decisión de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar la norma de la megarreforma que obliga a la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas de catástrofe. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que se optó por la vía judicial en lugar del veto presidencial para agilizar los tiempos parlamentarios y asegurar el apego institucional.

Los riesgos de legislar “fuera de la idea matriz”

El fondo de la controversia radica en la alteración de las “ideas matrices” del proyecto original, el cual tenía como fin específico “financiar y acelerar la reconstrucción de zonas afectadas”. Según detalló el ministro Quiroz, el artículo impugnado, que impide suspender suministros por no pago y obliga a reconectar gratis luz, agua o gas, se incorporó de forma permanente mediante una indicación parlamentaria. Al respecto, el secretario de Estado argumentó categóricamente: “Esto está fuera de idea matriz... cuando se presentó, yo mismo hice una reserva de constitucionalidad al respecto”.

El Ejecutivo advirtió además sobre los riesgos de legislar de forma apresurada en medio de situaciones de emergencia nacional. Quiroz explicó que “cuando se dicta algo fuera de idea matriz, normalmente se arriesga a que se cometan errores”. No obstante, el jefe de las finanzas públicas aclaró que el Gobierno no se opone por completo al beneficio de gratuidad en reposición para familias damnificadas, señalando: “No estamos cerrados a que se haga algún tipo de norma especial para el tipo catástrofe, pero que se redacte bien y a lo mejor sea algo como artículo único”.

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La decisión de descartar el veto presidencial

Al ser consultado sobre por qué no se utilizó un veto presidencial aditivo para corregir la norma en el Congreso, el ministro Quiroz defendió la estrategia jurídica argumentando la urgencia de despachar el resto de la megarreforma. “Es que nos interesa ir rápido con el proyecto ley”, sentenció, agregando que “el veto aditivo tiene un tiempo de tramitación distinto y pensamos que esta es la forma de hacerlo”. Con esta movida, el Ejecutivo busca desactivar un artículo que considera mal diseñado antes de que sea promulgado.

Esta sorpresiva ofensiva legal altera por completo los planes inmediatos del Palacio de La Moneda, donde ya se planificaba la logística de la promulgación de la reforma. Al sumarse este nuevo recurso al TC, que ya tramitaba causas de la oposición sobre el anatocismo, el derecho al olvido financiero y el pago pyme a 30 días, el proceso completo sufrirá demoras.

Aunque los análisis iniciales sugieren que el retraso podría no ser prolongado, el requerimiento “evidentemente puede atrasar en algo, quizás no mucho, pero atrasar parte del proceso de promulgación de la megarreforma”.