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Corte de Concepción rechaza querella de capítulos contra jueza de Los Ángeles investigada por prevaricación

El tribunal de alzada concluyó que no existen antecedentes serios y graves para autorizar la persecución penal de la magistrada Cherie Palomera. La investigación apuntaba a presuntas irregularidades cometidas entre 2016 y 2024.

Poder Judicial

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La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó este viernes la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público y un querellante contra la jueza titular del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera Astroza, a quien se le atribuían eventuales delitos de prevaricación judicial.

El fallo, adoptado de manera unánime por la Tercera Sala del tribunal de alzada, concluyó que los antecedentes presentados no alcanzaban el estándar necesario para habilitar una persecución penal, formalizar una investigación y solicitar medidas cautelares contra la magistrada por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.

En particular, la Corte sostuvo que “no se aportan antecedentes serios para establecer que, en cada causa, concurría una inhabilidad manifiesta que la jueza conocía y omitió comunicar”.

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Entre los distintos capítulos revisados, la resolución analizó decisiones relacionadas con sobreseimientos, cambios de medidas cautelares, devolución de un vehículo y una sentencia absolutoria. Respecto de uno de esos episodios, el tribunal señaló que, aunque una resolución pudiera considerarse equivocada, ello no bastaba para acreditar que hubiese sido dictada conscientemente contra una norma expresa y vigente.

La Corte también examinó antecedentes sobre relaciones personales y comunicaciones vinculadas con abogadas relacionadas con algunas causas. Sin embargo, sostuvo que “las relaciones personales, reuniones o prácticas que pudieran merecer una evaluación ética o disciplinaria no pueden sustituir la concurrencia preliminar de los elementos que la ley exige para la prevaricación penal”.

En su conclusión, el tribunal afirmó que, revisados los seis capítulos de manera individual y conjunta, “no surgen indicios serios y graves de que la capitulada haya fallado a sabiendas contra ley expresa y vigente, dado auxilio o consejo a una parte en perjuicio de la contraria, o intervenido con una inhabilidad manifiesta que conocía y no comunicó”.

Por ello, la Corte resolvió que no existía mérito para declarar admisible la acusación.

La indagatoria del Ministerio Público se extendió por cerca de dos años y, según la tesis de la Fiscalía expuesta durante el proceso, buscaba esclarecer un supuesto mecanismo de corrupción dentro del sistema de justicia.

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