Megarreforma al Tribunal Constitucional: los tres puntos que podrían cambiar en el proyecto pilar del Gobierno
Senadores y diputados acudieron al Tribunal Constitucional para frenar artículos específicos del proyecto de reconstrucción nacional. Conoce los detalles de la audiencia pública fijada para el 12 de agosto.
17 de Mayo de 2018/SANTIAGO Imágenes temáticas del Tribunal Constitucional de Chile. FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO / Hans Scott
El Tribunal Constitucional (TC) comunicó formalmente que aceptó tramitar tres requerimientos presentados por grupos de parlamentarios en contra del proyecto de ley para la reconstrucción nacional, iniciativa impulsada por el Gobierno y conocida en el debate público como la “Megarreforma”.
La ofensiva legislativa fue liderada inicialmente por 21 senadores, quienes pidieron revisar dos puntos específicos del texto. A ellos se sumaron 62 diputados, quienes ampliaron el requerimiento agregando un tercer foco de controversia. Con esto, el pronunciamiento no abarcará la totalidad del proyecto de ley, por lo que el grueso de la reforma pilar del Ejecutivo tiene asegurada su promulgación. Sin embargo, las disposiciones que podrían ser revertidas representan ejes fundamentales en materia de inversión.
Invariabilidad tributaria y compensaciones por RCA
El primer punto en disputa recae sobre los artículos 29 y 38 de la iniciativa, los cuales instauran un régimen de invariabilidad tributaria para proyectos de gran envergadura. Esta norma rphpibe al Estado cambiar los impuestos a los proyectos según nivel de inversión.
La escala de beneficios establece 10 años para inversiones de entre US50millones y US100 millones; 15 años para proyectos de hasta US$350 millones; y 20 años para aquellos que superen dicho monto.
Revisa también:
El segundo eje cuestionado aborda el mecanismo de indemnizaciones por la anulación de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Los parlamentarios critican que los titulares de proyectos puedan acceder a una compensación con cargo al fisco, calificada por sus detractores como un “seguro gratuito”, a través de un tribunal arbitral.
El reparo central radica en que la norma permitiría a las empresas ser indemnizadas sin necesidad de acreditar plenamente una falta de servicio por parte del Estado, e incluso en casos donde la anulación de la RCA se deba a errores o antecedentes atribuibles al propio proyecto.
Modificaciones a la Ley de Pesca y participación ciudadana
La arremetida más amplia provino de la Cámara de Diputados, cuyos representantes sumaron a la discusión los artículos 5, 6, 12, 13 y 29, además de incisos específicos del 11 y 17. Estas disposiciones introducen modificaciones sustanciales a la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Según el requerimiento, la norma facilita en exceso la relocalización de concesiones acuícolas, permitiendo que empresas sancionadas previamente puedan trasladarse a áreas protegidas si financian estudios para establecer dichos polígonos como bancos naturales.
Asimismo, se busca revertir un polémico artículo que restringe las reclamaciones de terceros contra una RCA. Los legisladores advierten que esto limitaría severamente el acceso a la justicia ambiental para aquellas comunidades o personas que, si bien no participaron en el proceso de evaluación original, resulten posteriormente afectadas por la ejecución del proyecto.
Fechas clave en el Tribunal Constitucional
Para dirimir esta controversia, el Tribunal Constitucional convocó a una audiencia pública para el miércoles 12 de agosto de 2026, a partir de las 09:00 horas.
El organismo detalló que las organizaciones, expertos o actores de la sociedad civil que soliciten ser oídos durante la instancia, tendrán como plazo fatal para formular su petición por escrito hasta las 12:00 horas del lunes 10 de agosto.
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