El polémico audio que enreda a la alcaldesa de La Cruz: Contraloría exige respuestas por supuesto hallazgo de drogas no denunciado
Tras revelarse que la jefa comunal regañó a un funcionario que detectó una plantación mediante el uso de drones, el organismo advirtió posibles irregularidades administrativas por la omisión de los antecedentes ante la justicia.
Un complejo escenario administrativo enfrenta la Municipalidad de La Cruz luego de que la Contraloría General de la República decidiera oficiar a la casa consistorial frente a la información sobre el supuesto hallazgo de una plantación de marihuana por parte de un funcionario municipal.
La intervención del ente fiscalizador se produce tras la reciente difusión de un audio filtrado a la opinión pública. En el registro, se escucha a la alcaldesa de la comuna, Filomena Navia, regañando a uno de sus subalternos directos, quien habría detectado los cultivos ilícitos mientras operaba drones institucionales destinados originalmente a la búsqueda de pozos en la zona.
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La obligación legal de denunciar
Durante la jornada de este martes, la Contraloría comunicó formalmente que tomó conocimiento de los hechos expuestos en la grabación, advirtiendo que la situación “podría constituir eventuales irregularidades administrativas” al interior del municipio.
El foco del organismo regulador apunta al estricto cumplimiento de la normativa vigente, específicamente a la Ley 18.883 (Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales). Dicho cuerpo legal establece la obligación ineludible que tienen los funcionarios públicos de denunciar ante la justicia o las policías cualquier hecho del que tomen conocimiento en el ejercicio de su cargo y que pudiera revestir caracteres de delito.
Plazo perentorio de cinco días
Para esclarecer el nivel de cumplimiento de este mandato legal, la Contraloría Regional de Valparaíso despachó este 4 de agosto un oficio dirigido a la Municipalidad de La Cruz, fijando un plazo perentorio para transparentar el proceder de la administración comunal.
En un máximo de cinco días hábiles, la entidad edilicia deberá emitir un informe detallando la veracidad del hallazgo de la droga y las medidas concretas adoptadas tras el incidente. Especialmente, el órgano contralor exige que el municipio aclare si se presentó la respectiva denuncia penal ante el Ministerio Público o las policías, y en qué fecha exacta se habría materializado dicha acción judicial.