Chile se negó a firmar alza del 10% del arancel de EE. UU. previo a la imposición del 12.5% apostando por respetar el TLC
La Cancillería chilena rechazó firmar un Agreement on Reciprocal Trade (ART) propuesto por Washington, argumentando que la medida invalidaba el TLC del 2004.
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La reciente decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel del 12,5% a las exportaciones chilenas esconde un capítulo diplomático hasta ahora desconocido. Entre marzo y julio de este año, en el marco de la investigación por trabajo forzoso impulsada por la administración de Donald Trump, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso a Chile una alternativa: suscribir un Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Este acuerdo bilateral habría permitido a las exportaciones nacionales acceder a un arancel general del 10%, estableciendo esa cifra como un piso permanente para el comercio entre ambas naciones. Sin embargo, aceptar esta condición implicaba, en la práctica, sepultar el arancel cero consagrado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente desde 2004.
Ante este escenario, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), encabezada por Paula Estévez, determinó desde el inicio que dicho camino era jurídicamente incompatible con el pacto comercial y con el derecho internacional, pilares fundamentales de la política exterior chilena, publica Ex-Ante.
El rechazo al arancel del 10% y el consenso exportador
Tras recibir el planteamiento de Washington, la Subrei convocó a los principales gremios exportadores del país para trazar una estrategia conjunta. En la instancia, hubo un consenso absoluto: aceptar una sobretasa general del 10% abría una negociación paralela que convertía el actual TLC en letra muerta.
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El equipo negociador chileno —que cuenta con el respaldo final del canciller Francisco Pérez Mackenna y del Presidente José Antonio Kast— descartó de plano la viabilidad del ART. Mientras países como Argentina, El Salvador y Taiwán terminaron suscribiendo este tipo de convenios tarifarios impulsados por la USTR, Chile apostó por mantener las conversaciones técnicas, buscando negociar producto por producto y lograr exclusiones específicas que fueran más favorables que un gravamen transversal.
El desenlace del 12,5% y la ausencia de legislación local
Pese a los esfuerzos técnicos liderados por Estévez, quien forjó un diálogo directo con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, durante su paso por la AmCham Chile, y por el director general de Asuntos Económicos Bilaterales, Felipe Lopeandía, Washington resolvió finalmente aplicar una tasa sancionatoria mayor.
El Gobierno estadounidense fijó el gravamen en un 12,5%. En esta determinación no solo pesó la negativa de La Moneda a firmar el nuevo acuerdo recíproco, sino que también incidió un factor legislativo clave revelado durante la investigación de la USTR: Chile carece de una normativa interna específica que prohíba de manera integral la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso, elemento que terminó inclinando la balanza en contra de los intereses comerciales del país.
No obstante, la diplomacia chilena dejó la puerta abierta para retomar las conversaciones en el futuro, apelando siempre a su tradición de respeto irrestricto a los tratados suscritos.