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Ya son 29: confirman salida de seremi del Trabajo de Tarapacá en medio de denuncias por acoso y maltrato laboral

Cristián Cabezas dejará el cargo tras ser denunciado por presunto acoso, maltrato laboral y eventual uso indebido de recursos públicos.

Ya son 29: confirman salida de seremi del Trabajo de Tarapacá en medio de denuncias por acoso y maltrato laboral

El Presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia de Cristián Andrés Cabezas Mundaca como secretario regional ministerial del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá.

La salida se hará efectiva este lunes 27 de julio, mientras el Gobierno inicia el proceso para designar a su reemplazante.

Cabezas había sido denunciado por presuntos hechos de acoso y maltrato laboral, además de un eventual uso indebido de recursos públicos.

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La ANEF de Tarapacá había solicitado su separación inmediata mientras avanzaban las investigaciones, argumentando que su permanencia podía profundizar el daño institucional y afectar a las funcionarias denunciantes.

Gobierno asegura continuidad de la Seremi del Trabajo

A través de un comunicado, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social informó que “el Presidente de la República, José Antonio Kast Rist, ha aceptado la renuncia del seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de Tarapacá”.

La cartera agregó que, mientras se desarrolle la búsqueda de una nueva autoridad, la Secretaría Regional Ministerial continuará ejecutando sus labores con normalidad. Además, reafirmó su compromiso con “la probidad, el buen funcionamiento del Estado y la promoción de ambientes laborales seguros y respetuosos”.

Con la salida de Cabezas, el número de seremis que han renunciado o sido removidos durante los primeros meses del Gobierno subiría a 29. El recuento había llegado a 28 tras la salida del seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, confirmada durante el fin de semana.

Las indagatorias contra la ahora exautoridad continuarán su curso de manera independiente a su renuncia. Según antecedentes conocidos previamente, existían denuncias por presunto maltrato y acoso laboral, una de ellas tramitada bajo la Ley Karin, además de cuestionamientos por el eventual uso de recursos públicos.

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