Especialistas advierten retroceso ante nuevas indicaciones del Gobierno a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

Las nuevas indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) han generado reacciones divididas en el ámbito político y técnico. Pese a que el Gobierno descartó finalmente la propuesta de juzgar como adultos a los jóvenes de 16 y 17 años, las modificaciones ingresadas contemplan restringir beneficios para adolescentes condenados por delitos graves, reforzar el cumplimiento efectivo de las sanciones y ampliar la responsabilidad por ciertas faltas desde los 14 años.

Mientras que sectores municipales, como el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, valoraron las medidas como una señal de modernización para enfrentar la delincuencia juvenil, los especialistas en derecho de infancia manifestaron su profunda preocupación.

Los expertos sostienen que mantener exigencias rígidas de encierro y limitar los mecanismos de acompañamiento en el medio libre significará un severo retroceso para la rehabilitación de los infractores.

La restricción de la libertad asistida especial bajo la lupa académica

Uno de los puntos que mayor rechazo concita entre los especialistas es la limitación de la libertad asistida especial, una herramienta que permite que el adolescente cumpla su sanción fuera de los recintos de reclusión, pero bajo un estricto régimen de intervención.

Al respecto, la académica de derecho de la Universidad Andrés Bello, Consuelo Murillo, cuestionó tajantemente la propuesta de eliminar o limitar este mecanismo de acompañamiento:

“El eliminar esta libertad asistida especial que permite, ¿no?, que el adolescente en vez de de privarlo de libertad y encerrarlo permite que el adolescente se mantenga en libertad, pero sometido a este régimen de acompañamiento, de intervención y de asistencia no nos parece una buena idea el eliminarla o restringirla”.

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Para la docente, esta modificación legal no solo representa “una señal de desconfianza frente a los jueces que no es necesaria”, sino que además priva al sistema judicial de “una herramienta muy útil para la reinserción social” de los jóvenes infractores.

El llamado a fortalecer la prevención y los servicios públicos

La discusión de las indicaciones también reabrió el debate de fondo sobre cuáles son las políticas públicas verdaderamente eficientes para evitar la reincidencia de los adolescentes una vez que entran en contacto con el sistema de justicia. Desde la Fundación San Carlos de Maipo, su gerente general, Rafael Rodríguez, advirtió que la discusión legislativa está errando el foco al centrarse casi exclusivamente en la severidad de las condenas, descuidando el apoyo temprano.

Rodríguez planteó que para reducir de manera efectiva la participación de menores de edad en actividades delictivas se requiere un enfoque bidireccional enfocado en la prevención:

“Si queremos tener menos niños y adolescentes comet delito, hay que hacer dos cosas. La primera, dar más facultad a las policías y fiscalías para que puedan probar cuando hay un delito, porque la certeza de castigo es mucho más disuasiva que la gravedad de la condena”.

En segundo lugar, el directivo apuntó a resolver las carencias estructurales que empujan a los jóvenes a la delincuencia, enfatizando que lo más relevante es “entregar servicios públicos de calidad, principalmente en ámbitos de salud mental, de educación especializada para perfiles más complejos y también de apoyo a la crianza para que los padres tengan las herramientas” necesarias para controlar conductas desviadas.

El proyecto continuará ahora su tramitación legislativa en el Senado, donde los parlamentarios deberán resolver el complejo desafío de equilibrar una respuesta penal firme ante delitos graves sin desmantelar los pilares de reinserción social que dan origen al sistema de justicia juvenil.