La exministra de Seguridad Pública María Trinidad Steinert volvió a enfrentar a la Contraloría General de la República, esta vez mediante una presentación de 26 páginas en la que solicitó dejar sin efecto el dictamen que cuestionó sus atribuciones para requerir información a la Policía de Investigaciones.

El escrito apunta contra el dictamen D344, emitido el 1 de julio de 2026, que concluyó que el oficio reservado enviado por Steinert a la PDI “no se ajusta estrictamente” a las funciones entregadas al Ministerio de Seguridad Pública y que la entonces secretaria de Estado no habría respetado su deber de abstención.

La exautoridad pidió reconsiderar ese pronunciamiento y aseguró que existen seis motivos independientes, además de nuevos antecedentes, que permitirían revertir sus conclusiones. Uno de sus principales cuestionamientos es que, pese a ser la única persona directamente reprochada, nunca fue notificada formalmente del dictamen.

“Su constancia de distribución omite a la única persona a quien reprocha”, sostuvo Steinert, quien acusó que esta situación vulneró abiertamente su derecho a defensa. El documento sí habría sido comunicado a parlamentarios, al Ministerio Público, a la PDI y al actual ministro de Seguridad Pública.

Acusa que Contraloría aplicó un criterio contradictorio

Uno de los argumentos más duros del documento apunta a una supuesta contradicción de la propia Contraloría. Steinert recordó que el organismo solicitó durante 2026 nóminas individualizadas con datos sensibles de beneficiarios de programas de salud, requerimientos que posteriormente fueron respaldados por las cortes de Apelaciones de Iquique, Antofagasta y Chillán.

Según la exautoridad, en esos casos la Contraloría defendió que la información reservada podía ser entregada a un organismo competente, siempre que este mantuviera el deber de sigilo. A su juicio, ese mismo principio debía aplicarse al oficio que envió a la PDI.

“Lo que fue legal, razonable y proporcionado cuando lo hizo la Contraloría en enero de 2026 no puede devenir exceso de atribuciones cuando lo hizo (…) la autoridad ministerial en marzo del mismo año”, planteó.

Steinert también cuestionó la expresión “no se ajusta estrictamente” utilizada en el dictamen. Según argumentó, un acto administrativo se ajusta o no a la ley, por lo que introducir distintos grados de cumplimiento implicaría que la Contraloría entró a evaluar la conveniencia o intensidad de una decisión política, materia que —según su defensa— excedería sus atribuciones.

Rechaza haber tenido que abstenerse

La exministra negó además que tuviera un interés particular que la obligara a marginarse del asunto por haber encabezado previamente la Fiscalía Regional de Tarapacá.

Según sostuvo, el dictamen no precisó qué beneficio personal, patrimonial o profesional habría obtenido al solicitar los antecedentes. Tampoco explicó de qué manera la información podría haberla favorecido o perjudicado.

“El conocimiento funcional previo de un fenómeno criminal no es un interés particular: es un título de idoneidad”, afirmó Steinert. A su juicio, aceptar el criterio contrario impediría que antiguos fiscales, jueces o policías pudieran ejercer cargos públicos relacionados con materias que conocieron durante su trayectoria profesional.

Como antecedente, citó una declaración entregada el 6 de abril de 2026 por el director general de la PDI ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados. En esa instancia, la autoridad policial habría señalado que la decisión de retirar a la prefecta general involucrada fue exclusivamente suya y que desde 2022 se habían adoptado otras 48 medidas similares.

Para Steinert, esa afirmación demostraría que ella no intervino en la determinación adoptada por la PDI y que únicamente pidió información para conocer sus fundamentos.

La presentación también pone el foco en cómo el oficio reservado llegó a manos de la prensa y posteriormente dio origen a los requerimientos parlamentarios que motivaron el pronunciamiento de la Contraloría.

Steinert sostuvo que el organismo no cuestionó la divulgación del documento ni ordenó esclarecer cómo salió de los canales institucionales. En cambio, concentró sus reparos en la solicitud formal y reservada enviada por la ministra al director general de la PDI.

A juicio de la exautoridad, resulta paradójico que el único manejo potencialmente irregular de información reservada —su entrega a medios de comunicación— no recibiera reproches, mientras sí fue objetado el requerimiento efectuado “por conducto regular”.

Lo que solicitó Steinert

En concreto, la exministra pidió que la Contraloría deje sin efecto la conclusión del dictamen D344 y declare que su oficio se encontraba dentro de las atribuciones legales del Ministerio de Seguridad Pública.

También solicitó que se establezca expresamente que no infringió su deber de abstención y que la eventual rectificación sea comunicada a todas las autoridades e instituciones que recibieron el pronunciamiento original.

De manera subsidiaria, pidió que la Contraloría aclare que su reparo se limita únicamente a la solicitud de una nómina detallada de funcionarios vinculados a una causa determinada y que el requerimiento de los fundamentos de los traslados sí se ajustó a derecho.

Además, solicitó precisar si el organismo accedió al oficio reservado mediante un mecanismo legal o a partir de la filtración del documento. “Resulta difícilmente conciliable” con el derecho a defensa, sostuvo, que el dictamen fuera comunicado a quienes formularon los requerimientos, a la Fiscalía Nacional y a la PDI, pero no a la persona directamente cuestionada.