Exigen salida del jefe de contrainteligencia de la ANI por presunta operación como informante secreto de Luis Hermosilla
El parlamentario Marcos Ilabaca solicitó oficiar a las autoridades para aclarar los presuntos seguimientos a políticos y la filtración de datos reservados del Estado.

Agencia Uno
El diputado Marcos Ilabaca activó una batería de urgentes medidas fiscalizadoras al interior de la Cámara Baja. La acción busca esclarecer los presuntos vínculos del actual líder de la División de Contrainteligencia con el polémico abogado Luis Hermosilla.
La crisis apunta directamente a la gestión del exoficial policial Paulo Contreras, quien asumió este alto cargo estratégico tras la llegada de José Antonio Kast a La Moneda. El funcionario está acusado de concretar sistemáticos seguimientos a figuras políticas y divulgar sumarios reservados.
El destape periodístico y las filtraciones
De acuerdo a una investigación publicada por el medio digital Reportea, el actual cabecilla de inteligencia operó como informante secreto entre los años 2018 y 2023. El reporte asegura que el otrora detective entregó constantes antecedentes confidenciales sobre los altos mandos de Carabineros.
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Según expone el mismo artículo de prensa, la red de favores documentada en las conversaciones incluyó coordinaciones exclusivas para blindar judicialmente al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa. Ante el peso de las revelaciones, el parlamentario socialista exigió una contundente e inmediata respuesta estatal.
La arremetida fiscalizadora en el Congreso
A través de una declaración pública, el integrante de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia anunció la citación urgente del ministro del Interior, Claudio Alvarado, y del director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). El objetivo es obligarlos a rendir cuentas formales sobre esta fuga de datos.
En su intervención oficial, el legislador calificó la permanencia de Contreras en su puesto como una situación “vergonzosa y escandalosa”. Finalmente, el parlamentario detalló que promoverá una sesión especial de Sala y solicitará mediante un oficio formal que el Ejecutivo transparente los actuales chequeos de probidad aplicados a sus agentes.
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