La millonaria estrategia de Santiago contra el crimen: $198 mil millones, vehículos blindados y alta tecnología

Con el objetivo de robustecer las políticas públicas de la Región Metropolitana y establecer una hoja de ruta clara frente a los complejos desafíos delictuales del territorio, el Gobierno de Santiago llevó a cabo una sesión estratégica del Consejo Asesor de Seguridad.

La instancia congregó en una mesa de trabajo multisectorial a fiscales, representantes del mundo académico, especialistas en criminología y altas autoridades de Gendarmería, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI).

Durante la jornada, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, junto al Departamento de Seguridad de la institución, expuso un detallado balance de los logros alcanzados por la agenda regional de seguridad durante los últimos cinco años.

Entre los hitos destacados se relevó el plan de patrullaje implementado en el Eje Alameda, el proyecto de recuperación socio-urbana del histórico barrio Mapocho - La Chimba, y el directo soporte logístico a la persecución criminal mediante la adquisición de 2.345 cámaras corporales, 336 vehículos blindados y el financiamiento de 4 nuevos cuarteles para la PDI.

“Hemos sido pioneros en crear el primer Departamento de Seguridad Ciudadana de todos los gobiernos regionales, porque creemos que la seguridad es un derecho humano. Por lo mismo, estamos invirtiendo más de $198.000 millones con una visión integral de la seguridad, que incluye el apoyo a las fuerzas policiales, pero también la entrega de 65 mil luminarias, 3 mil cámaras de vigilancia, 319 plazas comunales y 293 multicanchas, además de programas para la prevención del suicidio y el acompañamiento a víctimas de delitos violentos en nuestra región”, señaló el gobernador Claudio Orrego.

Los tres nudos críticos de la capital

La sesión no solo sirvió de vitrina para los avances, sino que se transformó en un espacio de debate crítico para identificar las brechas prioritarias de la capital.

Los expertos coincidieron de forma unánime en tres desafíos urgentes: robustecer la prevención social, profundizar la articulación interinstitucional mediante la analítica de datos, y estructurar un sistema de reinserción social que frene eficazmente la reincidencia de las personas privadas de libertad.

El ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, enfatizó el rol de los gobiernos locales en la fase temprana del delito: “Hay que gestionar desde el Gobierno regional en la prevención, que es súper relevante y yo creo que es el camino correcto. No puede haber seguridad si no hay prevención”.

Por su parte, Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, apuntó al sector privado como un actor clave en la cadena de mitigación: “Las personas que egresan del sistema penitenciario tienen que tener expectativas de inserción laboral. Ahí hay una oportunidad para el empresariado que quiera aportar a la seguridad en Chile abriendo espacios, y el Gobierno Regional puede ser un puente fundamental”.

Inteligencia de datos contra el crimen organizado

El análisis estratégico también abordó la urgencia de estudiar las dinámicas económicas del crimen. El ex fiscal nacional, José Morales, ejemplificó la falta de una perspectiva global del fenómeno a nivel país.

“Un mercado delictual, que es muy útil de analizar y muy contingente, es el mercado de los autos robados. Ahí hay dos tipos de delitos: el que cometen en los malls, por ejemplo, y los autos que se roban con violencia. Son mercados que no se analizan porque solo se ve la reacción del Estado a fenómenos en particular y no en su totalidad”, aseguró.

Para subsanar esta fragmentación, el fiscal Patricio Rosas propuso una solución centralizada de inteligencia territorial: “Lo que hace falta en relación al territorio de nuestra región tiene que ver con información que el Gobierno Regional pudiera centralizar desde las distintas bases de datos del Estado y poner a disposición tanto de la academia como de las demás agencias”, esgrimió.

Al término del consejo, la instancia recogió un set de propuestas clave que guiarán las futuras políticas de la gobernación, enfocadas en el fortalecimiento de la prevención dentro de las comunidades escolares para disminuir la deserción, la intervención estratégica de los recintos penitenciarios para mitigar la delincuencia intramuros, y la consolidación de un sistema de Big Data que dote de mayor efectividad el combate contra el crimen en la capital.