Pagaban sueldos a “trabajadores fantasmas” con dinero municipal: así movieron $1700 millones con inédita maquina de defraudar
El Tribunal Oral declaró culpables a dos trabajadoras de Salud en La Serna y a otros 11 implicados que lavaron más de $760 millones de fondos públicos.
Pagaban sueldos a “trabajadores fantasmas” con dinero municipal: así movieron $1700 millones con inédita maquina de defraudar / Olga Yastremska
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena dictó un veredicto condenatorio unánime que pone fin a una tramas de corrupción municipal. Las exfuncionarias del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, identificadas con las iniciales N.P.C.M. (quien ejercía como coordinadora) y B.O.G.G. (secretaria), fueron declaradas culpables en calidad de autoras de los delitos consumados de fraude al fisco y lavado de activos, cometidos de forma sistemática entre los años 2019 y 2024.
El tribunal no tuvo dudas respecto a la culpabilidad de las mujeres. Asimismo, los jueces condenaron a otros once acusados que participaron activamente en la red, asumiendo responsabilidades en los delitos de fraude de prestaciones estatales y lavado de dinero.
El engaño: Pagos por servicios que nunca existieron
Para explicarlo en términos sencillos, la investigación judicial dejó en evidencia un esquema de “contrataciones fantasmas”. Las dos principales funcionarias involucradas, aprovechando los privilegios de sus cargos en el Departamento de Salud, se aliaron con el cónyuge de la coordinadora (C.A.M.F.) para armar una verdadera máquina de desvío de recursos públicos.
Revisa también:
La banda se dedicaba a reclutar a personas externas que jamás prestaron ningún tipo de servicio ni trabajaron para la corporación. Luego, las funcionarias autorizaban el pago de remuneraciones y sueldos falsos para estos supuestos trabajadores a través del Departamento de Finanzas. Con este método, el grupo logró causar un perjuicio y robo directo al bolsillo del Estado por una suma total de $762.778.091. Debido a que las líderes técnicas mantenían la calidad legal de empleadas públicas, sus actos se tipificaron bajo el delito de fraude fiscal.
La lavandería de dinero: Transferencias para borrar el rastro
Una vez que el dinero público salía de la corporación hacia las cuentas de los falsos trabajadores, comenzaba la segunda fase del plan: el blanqueo o lavado de activos. Los once cómplices recibían los sueldos sabiendo perfectamente que el dinero venía de un fraude. Para ocultar el origen ilícito y que las autoridades no sospecharan, la red ideó un complejo circuito financiero.
Los involucrados realizaban constantes transferencias de dinero entre sus cuentas bancarias personales, hacían movimientos de fondos entre cuentas de un mismo titular para que los sistemas de seguridad perdieran el rastro de la plata, y concretaban masivos y millonarios giros de dinero en efectivo. En el caso de las dos funcionarias y el cónyuge, la justicia comprobó que usaron estas ganancias ilícitas para obtener beneficios económicos propios y comprar diversos bienes.
La audacia de la red fue tal que el total de movimientos detectados por la fiscalía en el sistema bancario alcanzó la gigantesca cifra de $1.700 millones, incluyendo el flujo entre cuentas propias, sociedades y familiares. Tras este contundente veredicto, el tribunal fijó la audiencia de lectura de sentencia —donde se conocerán las penas de cárcel efectivas— para el próximo sábado 11 de julio.