Las tres jugadas de la defensa de los detenidos por la muerte del niño de 12 años en San Bernardo que Fiscalía logró revertir
Los abogados de los últimos detenidos intentaron minimizar su participación en el homicidio argumentando que no descendieron de los vehículos para cometer el ilícito.
Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete
Tras lograr la detención de la totalidad de la banda criminal involucrada en el trágico robo con homicidio de un niño de 12 años, la audiencia de control de detención de los últimos dos capturados estuvo marcada por los intentos de la defensa de minimizar la participación de sus representados y las tajantes respuestas del Ministerio Público.
El fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, Leonardo Tapia, abordó uno a uno los argumentos presentados por los abogados defensores, revelando los detalles que llevaron al tribunal a decretar la prisión preventiva para los adultos y la internación provisoria para los adolescentes involucrados.
“No se bajaron del vehículo”
Uno de los principales argumentos esgrimidos por la defensa para exculpar a los dos últimos detenidos fue señalar que estos no descendieron de los automóviles al momento de cometer los asaltos.
Frente a esta postura, el fiscal Tapia fue categórico al señalar que este hecho “no tiene mayor relevancia”. El persecutor explicó que en este tipo de delitos existe una “concertación previa” entre todos los imputados. Según Fiscalía, la banda operaba bajo una clara distribución de funciones y un acuerdo previo para concretar los delitos, por lo que el simple hecho de no haberse bajado del auto no los exime de su responsabilidad en los tres hechos delictuales consecutivos en los que participaron, conocidos como un “tour delictual”.
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El supuesto desconocimiento sobre el niño arrastrado
El punto más álgido del debate se centró en la gravedad del homicidio del menor. La defensa intentó argumentar que parte de los integrantes de la banda —específicamente quienes iban a bordo del vehículo de apoyo— no se percataron de que el niño de 12 años iba colgando en la parte exterior del vehículo robado.
La respuesta del Ministerio Público apuntó al “total desprecio por la vida humana” demostrado por los delincuentes. El fiscal argumentó que el vehículo blanco de la banda iba en todo momento detrás del vehículo sustraído, teniendo plena visión de los hechos. Además, enfatizó que las víctimas gritaban desesperadamente advirtiendo la situación del menor.
“Alegar desconocimiento viendo el vehículo por delante avanzando más de 2 kilómetros, casi 3 kilómetros con él, y que después en conjunto hayan abandonado los vehículos, no tiene ningún sentido”, sentenció Tapia.
La coartada del trabajo y el hallazgo de evidencia
Durante la audiencia, la defensa de un imputado de 23 años intentó matizar las circunstancias de su captura, indicando que el sujeto simplemente “venía saliendo del trabajo” cuando fue abordado por la policía en la vía pública.
Sin embargo, Fiscalía desmoronó esta narrativa revelando que el Ministerio Público ya había emanado órdenes de detención y de entrada y registro a su domicilio el día anterior. Si bien el sujeto fue capturado en la calle, el allanamiento a su casa fue clave: los efectivos policiales encontraron ropa que permitió hacer cruces de imágenes y tarjetas bancarias pertenecientes a la primera víctima del tour delictual, a quien asaltaron en un servicentro.
El debate por los antecedentes como adolescentes
Finalmente, el fiscal Tapia expuso una recurrente estrategia de las defensas en este tipo de casos: el intento de evitar que las condenas previas obtenidas cuando los imputados eran menores de edad sean consideradas para acreditar reincidencia específica ahora que son adultos.
El persecutor advirtió la gravedad de esta situación, subrayando que varios de los integrantes de esta banda ya contaban con anotaciones y sanciones previas por robos con intimidación cometidos durante su adolescencia, demostrando que continúan perpetrando ilícitos violentos al alcanzar la mayoría de edad.
Con todos los responsables ya identificados y privados de libertad, el Ministerio Público anunció que ahora las diligencias se enfocarán en rastrear a las organizaciones criminales y mercados delictuales que encargan y reciben estos vehículos robados.
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