Contraloría inicia inédito despliegue en todas las regiones del país para fiscalizar 16 residencias de Mejor Niñez
Equipos de la CGR revisan la transferencia de recursos a organismos colaboradores, los mecanismos de supervisión y las condiciones de habitabilidad de los menores.

En una acción sin precedentes, equipos de fiscalizadores de la Contraloría General de la República (CGR) se desplegaron de forma simultánea en todas las regiones del país para auditar 16 residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. La fiscalización nacional tiene como objetivo revisar las condiciones de atención de los menores, la transferencia de recursos públicos hacia los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) y el rol supervisor ejercido por el Estado durante el año 2025.
La iniciativa busca constatar en terreno si las condiciones de habitabilidad de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos concuerdan con la normativa vigente. Asimismo, se verificará la capacidad real de atención de las residencias —sean de administración directa o de las OCAs— y si el Servicio Mejor Niñez realiza un monitoreo efectivo de cada uno de los casos.
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“Desorden mayor”: Sumarios en tres instituciones del Estado
Este despliegue coincide con la presentación de la Contralora General, Dorothy Pérez, ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados este miércoles 24 de junio. En la instancia, la autoridad expuso las conclusiones del Informe Final N°541 de 2025 sobre el Programa de Reunificación Familiar, donde advirtió la existencia de un desorden mayor y un bajo nivel de coordinación institucional.
A raíz de estos hallazgos, la Contraloría instruyó la apertura de procesos sumarios en tres reparticiones clave:
- El Servicio Nacional de Migraciones.
- La Policía de Investigaciones (PDI).
- La Subsecretaría de la Niñez.
Alertas judiciales y denuncias por fallecimientos
Durante su intervención en el Congreso, Pérez enfatizó que la protección y fiscalización de la infancia se consagrará como uno de los ejes principales de la gestión de la CGR durante este 2026. La autoridad justificó el carácter urgente del despliegue regional tras detallar la gravedad de los antecedentes que han ingresado al órgano contralor.
Específicamente, la Contraloría activó este plan luego de recibir 137 oficios desde los Tribunales de Justicia vinculados al ingreso de menores a residencias especializadas. A esto se sumaron cuatro denuncias particulares complejas que acusan irregularidades en el uso de transferencias financieras a corporaciones, fallas en las condiciones de seguridad e incluso el fallecimiento de menores al interior de los centros de acogida.
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