Chevesich descarta “choque de trenes” con el Tribunal Constitucional por deudas del CAE y descarta “supremazo”

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, abordó la controversia suscitada durante los últimos días respecto a las causas vinculadas al cobro de deudas del CAE (Crédito con Aval del Estado), aclarando las dudas sobre un presunto conflicto de competencias con el Tribunal Constitucional (TC). La autoridad detalló cómo el máximo tribunal se está preparando para una eventual avalancha de acciones legales y explicó el desajuste de tiempos que llevó a una de sus salas a emitir un fallo pese a existir una orden de paralización.

Descartan “choque de trenes” jurisdiccional

Consultada sobre una eventual disputa entre ambas instituciones, Chevesich descartó tajantemente cualquier fricción institucional. “En realidad no es nada dramático”, afirmó la ministra, subrayando que ambas entidades cumplen roles distintos. Mientras las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema deben resolver los recursos de protección interpuestos por los deudores frente a los cobros, la labor del TC se centra exclusivamente en determinar “si en definitiva una norma en particular estaría contra la Constitución”. Bajo esa premisa, la magistrada fue enfática en señalar que “no hay choque de trenes y lo que se ve en el Tribunal Constitucional es otro asunto”.

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Frente a la posibilidad de que el tribunal pleno emita un pronunciamiento generalizado o “supremazo” para fijar jurisprudencia sobre cómo se abordará el tema del CAE en el futuro, la autoridad explicó que esto no es posible. “En materia jurisdiccional el pleno no puede adoptar decisiones sobre la materia”, indicó, aclarando que es la Tercera Sala la encargada exclusiva de tomar las determinaciones correspondientes, ya que la Corte Suprema como pleno “no tiene facultades para ello”.

El impasse del fallo y la preparación para procesos masivos

Uno de los puntos más polémicos de la jornada fue la emisión de un fallo por parte de la Corte Suprema a pesar de que el Tribunal Constitucional había solicitado no avanzar en el proceso. Chevesich explicó que esta situación se debió a un desfase en los tiempos de notificación y a la naturaleza de estos procesos masivos.

Según detalló, el oficio del TC que suspendía el procedimiento ingresó el miércoles 20 de mayo a las 16:19 horas, una vez terminada la jornada laboral del Poder Judicial. Al ser el jueves 21 de mayo un día feriado, no fue hasta el viernes 22 a las 08:00 de la mañana que un funcionario ingresó la resolución a la carpeta electrónica para acatar la suspensión. Sin embargo, como los fallos masivos se preparan con días de anticipación, la Tercera Sala ya había subido y firmado las resoluciones en paralelo. “El proceso masivo impidió en el fondo percatarse de aquello”, justificó la ministra, añadiendo que el abogado de la parte interesada pudo haber advertido al tribunal sobre esta suspensión antes, pero no lo hizo.

Finalmente, ante la inminente llegada de una ola de causas masivas similares a las vistas por las alzas de las Isapres o AFP, la Corte Suprema ya cuenta con un sistema adaptado. Este mecanismo involucra el trabajo de relatores y equipos jurídicos que analizan las diferencias de cada caso aplicando “plantillas que son revisadas por los relatores y luego son firmadas de manera masiva” para asegurar respuestas oportunas del sistema judicial.