En medio de la controversia por los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y del debate sobre el levantamiento del secreto bancario, el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, abordó en ADN Hoy las facultades de la Tesorería para realizar este tipo de cobros y cuestionó la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno, asegurando que podría profundizar el déficit fiscal.

“Me parece razonable que el Estado recupere los recursos que prestó. Esto fue una inversión en capital humano y, en principio, corresponde que esos fondos vuelvan al Estado”, señaló.

Sin embargo, precisó que “la forma en que se realiza el cobro es una discusión más legal que económica. Pero desde el punto de vista de las finanzas públicas, hay un elemento importante: la deuda de quienes no pagan termina siendo cubierta por el Estado frente a los bancos. No es solamente un aval”, explicó.

El efecto de las expectativas

El académico también abordó el impacto que pudieron tener los anuncios de una eventual condonación del CAE en el comportamiento de algunos deudores.

“No sabemos exactamente cuál fue su efecto, pero sí sabemos, desde la economía, que las personas y las empresas reaccionan a las expectativas. Si existe la expectativa de que no se va a cobrar una deuda o de que vendrá un perdonazo, es razonable pensar que algunas personas hayan decidido no pagar. Quizás no sea lo correcto, pero es una conducta esperable”, sostuvo.

Las declaraciones surgen en medio de cuestionamientos por casos de personas que aseguran haber sido embargadas pese a no encontrarse dentro de los grupos priorizados por el Ejecutivo, situación que el propio Gobierno anunció que revisará.

Consultado sobre las comparaciones con grandes empresas que han enfrentado deudas tributarias o han accedido a condonaciones, Agostini afirmó “son cuestionamientos absolutamente válidos. Por eso creo que sería importante contar con criterios de política pública transparentes, explícitos y conocidos por todos. No parece razonable que una persona despierte una mañana y descubra que le embargaron la cuenta sin haber entendido previamente cuáles eran las reglas o los procedimientos”.

“Lo primero es distinguir que aquí intervienen distintos órganos del Estado. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos informa a Tesorería qué contribuyentes mantienen deudas y solicita su cobro”, señaló.

A su juicio, “dentro de ese proceso debería existir una ruta clara: informar la deuda, establecer plazos para regularizarla, comunicar las consecuencias del incumplimiento y señalar expresamente que, de no pagarse, podrían aplicarse medidas como embargos de cuentas corrientes u otros mecanismos”.

“Lo importante es que esas reglas sean transparentes, conocidas de antemano y aplicables para todos. Eso me parece fundamental, independiente del tipo de deuda de que se trate”, agregó.

Defensa del Consejo Fiscal Autónomo

Durante la entrevista, Agostini también se refirió a las advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo. El organismo volvió a insistir recientemente en los 11 riesgos que, a su juicio, presenta la iniciativa para las finanzas públicas.

“No es una opinión más. El Consejo Fiscal Autónomo es un organismo informado, independiente y autónomo. Y eso es especialmente importante en una discusión tan politizada e ideologizada como la que estamos viendo”, afirmó.

En esa línea, destacó el historial técnico de la institución. “Si uno revisa la trayectoria del Consejo más allá de esta reforma, verá que ha sido bastante consistente y preciso en sus diagnósticos. En varias oportunidades ha acertado más en sus proyecciones de déficit que distintas autoridades, tanto del pasado como del presente”, sostuvo.

“Por eso creo que sus advertencias deben tomarse muy en serio. No es un actor cualquiera; probablemente es uno de los actores más relevantes dentro de esta discusión”, añadió.

Finalmente, Agostini reiteró sus reparos al proyecto. “Yo no tengo dudas de que el proyecto es deficitario. De hecho, el propio informe financiero lo reconoce. Los economistas trabajamos con supuestos y proyecciones que pueden equivocarse, pero si observamos la experiencia internacional de reformas similares, lo que yo esperaría es que este proyecto, tal como está planteado hoy, aumente el déficit fiscal”, señaló.

“Y eso es problemático considerando la situación de partida. Si estuviéramos con equilibrio o superávit fiscal, podría abrirse una discusión distinta. Pero hoy tenemos un problema estructural: estamos gastando permanentemente más de lo que ingresamos y, además, tenemos deuda que pagar. En algún momento, los gastos permanentes tienen que acercarse a los ingresos permanentes. De lo contrario, el problema fiscal seguirá creciendo”, concluyó.