Diputados presentan proyecto de ley para sancionar con penas de cárcel la instalación de “rucos” en espacios públicos

Un grupo de parlamentarios pertenecientes a la Comisión de Gobierno Interior presentó formalmente un proyecto de ley que busca tipificar como delito la ocupación de bienes públicos o de libre acceso al público para habitar o pernoctar mediante la instalación de los denominados “rucos”.

La moción fue impulsada por los diputados Claudia Mora, Felipe Ross, Mario Olavarría, Javier Olivares y Álvaro Jofré, sumando además el respaldo del legislador Eduardo Durán. De acuerdo con los autores del texto legal, la iniciativa surge como “una respuesta urgente y necesaria ante el progresivo deterioro que acusan las áreas verdes, calles y playas en distintas comunas del territorio naciona”, fenómeno que genera serios problemas de índole sanitaria, fomenta la proliferación de incivilidades y, en reiterados casos, se termina transformando en un foco directo para la comisión de hechos delictivos.

El alza sostenida del fenómeno y el reclamo vecinal

Los parlamentarios sostienen que según las cifras oficiales provistas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, los denominados rucos a nivel nacional llegaban a un total de 21.272 registros, lo que representa un aumento del 102,4% en comparación con los datos recopilados, cuando el catastro identificaba 10.509 de estas estructuras.

“Hemos presentado este proyecto que nace del requerimiento explícito de los vecinos que ven afectado su día a día por la instalación de estos rucos. Los rucos se han tomado los espacios públicos, y no solamente eso, algo mucho más grave, se llena de incivilidades y de delincuencia”, argumentó la diputada Claudia Mora, autora principal de la iniciativa.

Los patrocinantes de la ley recalcaron las complejidades que cruzan el uso diario de las zonas de recreación. El diputado Felipe Ross advirtió que hoy en día levantar este tipo de construcciones precarias en la vía pública “es plenamente tolerado en nuestra legislación y tiene que dejar de ser así”. En tanto, el diputado Álvaro Jofré, representante de la Región de Tarapacá, criticó que socialmente se haya “romantizado la instalación de estos rucos, ya sea en playas o en parques”, enfatizando la gravedad de que en estos lugares comunitarios de libre acceso se registren conductas como defecar, orinar, drogarse o consumir alcohol a la vista de los transeúntes, provocando una apropiación indebida del espacio que le pertenece a toda la ciudadanía.

Las nuevas penas de cárcel que propone el Código Penal

“Aquí no estamos criminalizando a las personas en situación de calle. Las personas en situación de calle deben ser atendidas por el Estado y los municipios hacen muchísimo esfuerzo en ir día tras día detrás de estos casos, pero vemos que vuelven a la vía pública y no a dormir precisamente en la vereda, sino a hacer instalaciones que luego se convierten en focos de delincuencia”, aclaró el diputado Ross.

El texto legal estipula castigos de presidio menor en su grado mínimo, el cual comprende penas que van desde los 61 hasta los 540 días de cárcel, para todos aquellos que ocupen de forma total o parcial los espacios públicos instalando estructuras, rucos u objetos que impidan de manera deliberada o dificulten el libre tránsito y la utilización de dicho entorno por parte de las familias y la comunidad local.