Retención de sueldos por el CAE: ministro Alvarado confirma que embargos continuarán para deudores de altas rentas

Ante los recientes cuestionamientos y el llamado de la oposición para que el Ejecutivo intervenga por las retenciones de sueldos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), el Gobierno salió a respaldar el actuar de la Tesorería General de la República. Las autoridades enfatizaron que los embargos están dirigidos exclusivamente a un segmento de la población que, pese a contar con los recursos económicos suficientes, decidió no pagar el beneficio estatal.

Durante una reciente vocería, el ministro del Interior y vocero Claudio Alvarado abordó la polémica descartando la posibilidad de frenar estas acciones de cobro. Según explicó, la situación actual se enmarca en un contexto donde muchas personas que accedieron al CAE durante años no pagaron sus cuotas, lo que obligó a que los bancos hicieran efectivas las garantías en contra del Estado de Chile. Ante este escenario, el Estado simplemente está buscando “recuperar parte de ese dinero”.

Cobros enfocados en rentas superiores a $3,5 millones

El secretario de Estado detalló que la Tesorería está siguiendo un procedimiento normal y escalonado antes de llegar a la retención de remuneraciones. Este protocolo consiste, en primer lugar, en notificar a las personas que mantienen la deuda; en segundo lugar, invitarlas a reprogramar; y, finalmente, aplicar las retenciones a quienes perciben los mayores ingresos.

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“Estamos hablando de personas que tienen ingresos mensuales sobre 3,5 millones de pesos y muchos de ellos más de 5 millones”, especificó la autoridad. Bajo este argumento, el Gobierno fue tajante en señalar que la Tesorería General de la República está “legítimamente ejerciendo su derecho a cobrar”.

Continuidad de las medidas coercitivas

Consultado sobre si estos embargos o retenciones de sueldo continuarán aplicándose en el futuro, el representante del Ejecutivo confirmó que las medidas seguirán vigentes.

El ministro advirtió que en la medida en que las personas con altos niveles de ingresos reciban los llamados para reprogramar su deuda y decidan no acercarse a regularizar su situación, “indudablemente que se ejercerán las medidas coercitivas que corresponden y que autoriza la ley”.