ADN Hoy. Ángel Valencia y secreto bancario tras Operación Tokio: “Sería más sencillo si se pudiera revisar cuentas sin autorización judicial”

Durante este miércoles, el fiscal nacional, Ángel Valencia, conversó con ADN Hoy sobre los alcances de la denominada Operación Tokyo, investigación que permitió desbaratar una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que habría movilizado cerca de $78 mil millones en Chile.

En la instancia, la máxima autoridad del Ministerio Público destacó que la investigación apunta a una estrategia que busca afectar las estructuras financieras del crimen organizado, más allá de detener a quienes ejecutan los delitos.

“Hace algún tiempo atrás dije que teníamos que comenzar a familiarizarnos con la detención de grandes grupos de personas, porque hasta hace algún tiempo uno de los reproches más frecuentes a las policías, a la Fiscalía y a los sistemas penales en el mundo era que normalmente te quedabas con la parte de abajo de la organización”, señaló.

En esa línea, agregó que “hay un esfuerzo declarado, una política institucional tanto de las policías como del Ministerio Público, que dirige las investigaciones para tratar de escalar hacia las estructuras superiores, porque es una de las herramientas necesarias para desbaratarlas”.

“El fiscal Héctor Barros (líder de la investigación) decía que es la red de lavado de activos más grande de Chile y que es probablemente la primera vez que le pegan a este tipo de organizaciones donde más les duele. Cuando uno habla del Tren de Aragua aparece y desaparece en distintas circunstancias, pero en Chile se han conseguido condenas para cerca de 300 personas vinculadas a esta organización y en algún minuto se pensó incluso que estaba desactivada en nuestro país”, afirmó.

El golpe a las finanzas del Tren de Aragua

Consultado sobre la situación actual de la organización criminal, Valencia sostuvo que la Operación Tokyo representa un avance significativo, aunque aclaró que existen otras investigaciones de gran envergadura en curso.

“Es una operación importante porque aborda el lavado de activos, el lavado de dinero que se origina en actividad criminal en Chile. Desde ese punto de vista es una operación muy importante, muy significativa”, indicó.

Sin embargo, precisó que “no es la única investigación compleja, ni siquiera la más grande o extensa en lo que se refiere a la cantidad de cuentas involucradas o de operaciones realizadas”.

“Ni tampoco la que tiene más dinero en términos de lavado. Permítame poner un ejemplo muy reciente. En el caso de la operación por lavado que se realizó hace algunos meses atrás en Iquique, en la Zona Franca de Iquique”, comentó.

Sobre esa causa, explicó que “esa vez eran aproximadamente 180 millones de dólares los que habían pasado por el sector financiero de Iquique, con la diferencia —y eso el fiscal Barros lo destaca bien— de que no se originaban en delitos cometidos en Chile, sino que se estaba lavando dinero que procedía de fraudes cometidos en otros países, particularmente en Estados Unidos”.

Pese a ello, aseguró que el impacto de la Operación Tokyo fue significativo para la organización criminal. “Yo creo que después de operaciones como esta, por supuesto que estamos nosotros mejor que antes y ellos están peor”, sostuvo.

“Porque los golpeamos donde les duele. Y les duele en sus flujos de dinero. Cuando usted detiene a quienes están en la parte inferior, por supuesto les provoca un perjuicio, pero esas personas son fácilmente reemplazables por la banda”, añadió.

Asimismo, remarcó que “cuando usted sigue el dinero y golpea las redes financieras, no solo les quita lo que tienen, sino que además les desbarata las redes para sacar el dinero de Chile y hacerlo circular. Ahí les están dando golpes importantes”.

“Es mucho dinero. Se estima en 78.000 millones de pesos para una banda que opera desde el año 2022. Estamos hablando de cerca de 20.000 millones al año”, complementó.

Debate por el secreto bancario

Durante la entrevista, Valencia también abordó la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario y advirtió que se trata de un debate que debe resolver el Congreso.

“Me parece que desde el sentido común pareciera que sería más sencillo investigar estos delitos si la Fiscalía pudiera, sin autorización judicial, revisar las cuentas de cualquier persona”, planteó.

“Del mismo modo como se solicita un certificado de nacimiento o de matrimonio, también revisar qué es lo que hace cualquier persona con su dinero”, agregó.

No obstante, sostuvo que “yo creo que en el Congreso Nacional es donde tiene que darse la discusión respecto de si queremos vivir en un país como ese y hasta dónde estamos dispuestos a llegar en ese punto”.

Finalmente, aseguró que las principales trabas para las investigaciones financieras no están necesariamente en las autorizaciones judiciales, sino en la forma en que la información es entregada por las instituciones.

“Podríamos avanzar mucho más fácil si pudiéramos revisar muchas cuentas, pero permítanme decirles que nuestra principal dificultad, más que estar relacionada con negativas de los tribunales, tiene que ver con la manera en que se nos entrega la información, los formatos en que se nos entrega y la rapidez con que se nos entrega”.

“Normalmente ese aspecto impone más dificultades para nuestras investigaciones que las restricciones judiciales que podrían justificar modificar el régimen que hoy día tenemos”, cerró.