• 28 ABR 2026

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Gobierno confirma que no reingresará la nueva Ley de Pesca de la administración anterior “por motivos técnicos y políticos”

El subsecretario Osvaldo Urrutia confirmó que no reingresarán el proyecto “refundacional” de la administración anterior, pese al vicio de origen de la llamada “Ley Longueira”.

Agencia Uno / Mario Andrés Vergara Escobar

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, entregó definiciones clave sobre la hoja de ruta del gobierno de José Antonio Kast para el sector pesquero, marcando un quiebre definitivo con la agenda de la administración anterior.

En entrevista con Pulso, la autoridad anunció que el proyecto de nueva ley general de pesca, retirado del Congreso en marzo pasado, no será reingresado, calificándolo como una propuesta “refundacional” que no concuerda con la visión del actual Ejecutivo.

Urrutia explicó que la estrategia de la administración Kast se centrará en perfeccionar la ley vigente desde 1991 mediante proyectos específicos y acotados, en lugar de reemplazarla íntegramente. Según el subsecretario, buena parte de las urgencias del sector ya fueron abordadas con la Ley de Fraccionamiento Pesquero, la cual ya se encuentra vigente.

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Cabe recordar que cuando el Ejecutivo retiró el proyecyo, El diputado del Frente Amplio y expresidente de la comisión de Pesca, Jorge Brito, acusó que “la Ley Longueira es la mayor vergüenza de la política chilena. Terminó con una diputada y un senador en la cárcel por corrupción, y para tener una ley con legitimidad, justa y restituir el Estado de Derecho, impulsamos la nueva ley con más de 200 audiencias sesionando en ocho regiones del país”.

Definiciones sobre la Ley de Fraccionamiento

Pese a la resistencia de la industria, el subsecretario fue enfático en que “no hay vuelta atrás” respecto al fraccionamiento de cuotas. Esta ley, que traspasó recursos desde la pesca industrial hacia el sector artesanal, enfrenta hoy una fuerte ofensiva judicial por parte de empresas como Blumar, Camanchaca y Landes, quienes acusan una “expropiación regulatoria” y exigen indemnizaciones cercanas a los US$ 600 millones.

Al respecto, la postura del Gobierno es clara:

  • Defensa Judicial: El Consejo de Defensa del Estado (CDE) es el encargado exclusivo de la defensa ante estas demandas contra el fisco.
  • Apoyo Técnico: Subpesca ha entregado todos los insumos y mantenido reuniones de coordinación con el CDE para fortalecer la posición del Estado.
  • Plazos: La autoridad advirtió que la judicialización de estas acciones será un proceso de largo aliento que probablemente durará años.

El fin de la “reforma integral”

La decisión de no enviar un nuevo proyecto de ley general responde, según Urrutia, a que la iniciativa de 2024 contenía ideas que el actual gobierno no comparte ni técnica ni políticamente. El subsecretario sostuvo que el objetivo ahora es lograr consensos sobre la normativa existente, la cual ya ha sido modificada más de 30 veces.

“Se avanza modificando y construyendo sobre lo que ya tenemos”, puntualizó Urrutia, subrayando que la Ley de Fraccionamiento ya corrigió lo que el sector artesanal consideraba una injusticia histórica en la distribución de la cuota global, restando presión a la necesidad de una reforma total del sistema pesquero nacional.

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