Militarización de los barrios bajo la lupa: el dispar apoyo de los alcaldes a la idea de crear un estado de excepción focalizado en barrios
Tras la confirmación del biministro Claudio Alvarado sobre el despliegue militar urbano, los jefes comunales valoraron la medida, pero exigieron reglas claras, garantías para las Fuerzas Armadas y amplios acuerdos políticos.
15 DE OCTUBRE DE 2021 / ERCILLA Despliegue de militares, policial en la zona de Ercilla Collipulli Pidima , Pailahueque y ruta 5 sur por estado de excepción. FOTO: HECTOR ANDRADE/ AGENCIAUNO
El debate sobre la intervención militar en zonas urbanas vuelve a tomar el centro de la agenda pública. Luego de los recientes anuncios en materia de seguridad realizados por el Presidente José Antonio Kast en cadena nacional, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, confirmó que el Ejecutivo evalúa la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, diseñado para intervenir de manera focalizada en sectores o barrios con altos índices de criminalidad.
La iniciativa gubernamental generó inmediatas reacciones en el mundo municipal. Aunque los alcaldes coinciden de manera transversal en la necesidad imperiosa de recuperar los territorios, mantienen posturas dispares respecto a las formas, las garantías y la viabilidad del despliegue de las Fuerzas Armadas.
Respaldo municipal: la exigencia de reglas claras y garantías
En el sector oriente, la medida encontró buena recepción. La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, valoró la apertura del Gobierno a escuchar a los municipios para recuperar la presencia del Estado, aunque advirtió que persisten “varias deudas”, como la falta de dotación policial y la reglamentación de la ley de seguridad.
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Una postura similar planteó el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, quien argumentó que “cuando la delincuencia desplaza al Estado (...) no basta con hacer más de lo mismo”. Sin embargo, el edil fue enfático en que la medida debe contar con “reglas claras, plazos definidos, control institucional y bajo el liderazgo de Carabineros”, señala La Tercera.
Desde San Miguel, la alcaldesa Carol Bown catalogó la alternativa como positiva, condicionándola a que el Estado proporcione “todas las garantías necesarias para resguardar la seguridad, el rol y las atribuciones del personal militar”.
En tanto, desde Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti recordó que una propuesta en esta línea ya había sido planteada en marzo de 2024 por su par de Maipú, Tomás Vodanovic. Ripamonti pidió tramitar la iniciativa con mayor “responsabilidad política”, apelando a construir “diálogo y acuerdos amplios” en lugar de imponer visiones estrechas, remarcando que la seguridad requiere planificación y no eslóganes.
Referencial. / Diego Martin
Críticas a la gestión y rechazo a la “militarización”
En la otra vereda, la propuesta encontró resistencia y escepticismo. El alcalde de San Bernardo, Christopher White, cuestionó duramente la capacidad del Ejecutivo para materializar estos anuncios. “El problema del gobierno es la falta de credibilidad (...) pareciera ser que todavía se mantiene en campaña”, afirmó, agregando que aunque las FF.AA. serían un aporte, se requieren protocolos operativos estrictos.
El rechazo más frontal provino del alcalde de Recoleta, Fares Jadue, quien acusó que evaluar esta medida refleja la “nula capacidad” del Gobierno para fortalecer una estrategia de seguridad integral. “Las vecinas y vecinos tienen derecho a vivir seguros, pero la respuesta no puede ser militarizar los barrios”, aseveró.
Para Jadue, el rol de las Fuerzas Armadas debe limitarse a labores excepcionales de inteligencia y logística, priorizando en su lugar el levantamiento del secreto bancario, la persecución del patrimonio criminal y el fortalecimiento investigativo de Carabineros y la PDI.
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