ADN Hoy. Subsecretaria de Educación explica cómo aplicará restricción a gratuidad por episodios de violencia en Chile
Fernanda Valdes explicó que la medida del plan “Escuelas Protegidas” solo se aplicará a estudiantes con condena por hechos de violencia, será por un periodo de cinco años y contempla excepciones en casos de reinserción social.
Durante este miércoles, la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, abordó en ADN Hoy el alcance del plan “Escuelas Protegidas”, particularmente la eventual limitación de beneficios como la gratuidad para estudiantes involucrados en hechos de violencia, precisando que la medida no será generalizada.
“Quiero precisar la medida: lo que establece el proyecto es que se aplica a estudiantes que han sido condenados, es decir, sobre quienes pesa una condena. No es cualquier acto de violencia. Se trata de casos con responsabilidad penal acreditada, con las excepciones que contempla la ley de responsabilidad penal adolescente”, detalló.
En esa línea, la autoridad explicó que “puede haber una excepción si ese estudiante que estuvo condenado participa en un plan de reinserción social, lo que permitiría no aplicar la medida”.
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“Cuando hablamos de un alumno condenado por violencia, son procesos largos. Es difícil establecer responsabilidades penales y que exista una condena firme. Por lo tanto, esta medida probablemente afectará a muy pocos estudiantes, pero es una señal de que los conflictos deben resolverse de manera pacífica”, explicó.
“Desde lo pedagógico hay que distinguir distintos tipos de violencia. La violencia que llega a ser condenada es extrema, atenta contra la integridad física de las personas o contra la infraestructura pública. Hay otras violencias menores, como faltas de respeto o situaciones de bullying, que también son relevantes, pero requieren intervenciones pedagógicas”, aseguró.
En ese contexto, añadió que “el proyecto también considera instancias de capacitación para profesores y acompañamiento, porque la mayoría de las situaciones de violencia son de ese tipo y deben abordarse desde lo pedagógico”.
Sobre la aplicación concreta de la restricción, Váldes reiteró que solo afectará a casos con condena vigente. “Aquellos que han cometido actos de violencia extrema y que han sido condenados, con una condena vigente, se verían sin este beneficio”.
“Esa inhabilidad es por cinco años, no es para siempre. No se deja sin oportunidades de forma definitiva, porque todas las personas pueden cometer errores”.
Consultada por eventuales cuestionamientos a la medida, la subsecretaria reconoció que puede interpretarse como una sanción adicional. “Si se entiende como un doble castigo, puede ser visto así, pero también estamos señalando que los actos de violencia extrema tienen consecuencias graves”.
“Las instituciones educativas no pueden dar señales equívocas respecto de la violencia. Son lugares para aprender, generar vínculos, desarrollarse como personas y aportar al país. No puede haber espacio para la violencia”, cerró.