“No fui a ser advertida”: la versión de la ministra de Defensa sobre su reservada reunión con el embajador de EE.UU.

La ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, se refirió este miércoles a la reunión sostenida el pasado 11 de febrero con el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd. El encuentro ha cobrado relevancia luego de que el diplomático afirmara haber conversado “a fondo” sobre los riesgos del cable submarino de China Mobile, proyecto que ya ha gatillado la revocación de visas para tres autoridades chilenas.

Consultada sobre las contradicciones en las versiones del Gobierno respecto a cuándo se supo de la firma del decreto (anulado posteriormente), la ministra fue tajante en señalar que ella no tenía motivos para conocer los trámites de la cartera de Transportes.

“Nadie tiene la cronología porque no corresponde”, afirmó la ministra, añadiendo que el tema escaló debido a que “hubo una postura de un país que consideramos un país amigo, como es Estados Unidos, que hace unas amenazas que no son aceptables”.

En esa línea, Delpiano descartó cualquier irregularidad en la comunicación del gabinete: “No hay en esto secretos ocultos ni doble intención”, recalcó.

El tenor de la cita con Brandon Judd

Respecto al carácter del encuentro con el representante de Washington, la ministra aclaró que no se trató de una citación para recibir instrucciones: “Yo tuve una conversación, no fui a ser advertida ni no advertida, fui a conversar con un embajador”, puntualizó.

Sobre el contenido de la charla, la autoridad explicó que el tema del cable chino fue solo una parte menor de una agenda privada:

• “Lo que el Ministerio de Defensa habla con un embajador de un país como Estados Unidos, evidentemente que entra en el ámbito privado”, explicó.
• Detalló que se abordaron temas de “frontera, las relaciones militares, entre un país y otro, que son fluidas”.
• Sobre la controversia, indicó que el embajador “al final dijo que tenía una preocupación por este tema, como se lo planteó a otros ministerios”.

Cabe recordar que, según Estados Unidos, la tramitación de este proyecto “comprometió infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavó la seguridad regional”, lo que derivó en la sanción directa contra el ministro Juan Carlos Muñoz y otros dos funcionarios de telecomunicaciones.