Las razones tras la orden de arresto contra Rodrigo Mundaca y su defensa ante la “filtración” del tribunal

El Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso dictó una orden de tres días de arresto en contra del gobernador regional, Rodrigo Mundaca, en el contexto de un litigio entre particulares. La medida judicial surgió luego de que la autoridad no respondiera a un requerimiento de información solicitado por el tribunal para determinar si el Gobierno Regional (Gore) mantenía contratos vigentes con la Inmobiliaria Costa de Montemar, empresa demandada en una causa de cobranza laboral.

A través de un comunicado oficial y declaraciones públicas, el gobernador Mundaca aclaró que se encuentra en libertad y en pleno ejercicio de sus funciones, enfatizando que el organismo que lidera no es parte del litigio. La autoridad regional denunció una “filtración de información” a los medios de comunicación respecto a la sanción, antes de que esta fuera debidamente notificada.

La respuesta administrativa del Gore

Según explicó el jefe regional, el tribunal solicitó informar si existían convenciones de carácter patrimonial con la inmobiliaria que opera en la comuna de Concón. Al respecto, Mundaca precisó:

• El Gobierno Regional no es parte del juicio de cobranza laboral.
• Aseguró que, hasta la fecha de la polémica, no habían sido notificados formalmente de ningún requerimiento por parte del tribunal.
• Tras tomar conocimiento de manera “extraoficial”, el Gore entregó la información solicitada el mismo día para regularizar la situación.

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Sanción sin efecto

Rodrigo Mundaca fue enfático en señalar que cualquier orden de apremio en su contra carece de validez actual, dado que el requerimiento de información ya fue satisfecho ante el juzgado correspondiente. “Habiendo informado hoy mismo al tribunal en relación a lo requerido, una eventual orden de arresto que, por lo demás, nunca nos fue notificada, queda inmediatamente sin efecto“, sentenció la autoridad.

El caso ha generado diversas reacciones en la región, especialmente por la exposición pública de una medida cautelar en un proceso donde el Gobierno Regional cumple un rol meramente informativo y no de ejecutado.