Claudio Orrego tras rechazo de su desafuero: “Montaron un caso falso” y apunta directo a Fiscalía de Antofagasta

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de forma unánime la solicitud de desafuero contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura, marcando un nuevo revés para la Fiscalía de Antofagasta, que buscaba formalizarlo por un presunto fraude al fisco ligado al programa de prevención del suicidio “Quédate”.

Los 24 ministros del tribunal votaron en contra de la petición del Ministerio Público, decisión que fue valorada por la autoridad regional, quien aseguró que el fallo “derriba completamente” las imputaciones en su contra.

Desde el edificio del Gobierno Regional, y acompañado por funcionarios que llegaron a respaldarlo, Orrego afirmó que es “absolutamente inocente” y acusó a la fiscalía de haber intentado vincularlo a “delitos inexistentes”.

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“La instrumentalización de la justicia con fines políticos daña la democracia”, sostuvo, apuntando a sectores de oposición que, según dijo, han intentado removerlo del cargo por distintas vías, incluida una presentación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

La investigación se originó por un convenio por $1.689 millones adjudicado a la Fundación ProCultura para ejecutar el programa “Quédate”. Orrego reconoció que se siente “engañado” por la fundación y lamentó que haya sido esa entidad la ejecutora del plan, aunque defendió su implementación. “¿Estoy arrepentido del programa? No. ¿De que haya sido ProCultura? Sí”, afirmó.

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El gobernador aseguró que el Gobierno Regional puso término anticipado al convenio cuando detectó incumplimientos, cobró las pólizas de garantía e inició acciones civiles y penales. Además, indicó que, junto al Consejo de Defensa del Estado, buscarán recuperar los recursos cuestionados.

En paralelo, emplazó a la Fiscalía de Antofagasta a concentrar sus esfuerzos en esclarecer el destino de los fondos presuntamente mal utilizados y pidió que la Fiscalía Nacional revise la actuación del equipo persecutor, acusando que se intentó “montar un caso falso contra una autoridad inocente”.

Aunque el desafuero fue rechazado, el caso continúa abierto y aún resta la definición del recurso de destitución presentado ante el Tricel.