• 02 ABR 2026

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Contraloría detecta desorden financiero por US$17.300 millones en ministerios y municipios

Auditorías a 73 entidades públicas revelaron graves falencias contables, rendiciones pendientes y falta de control interno entre 2020 y 2024.

Contraloría

La Contraloría General de la República encendió las alarmas tras detectar un desorden financiero que involucra más de US$17.300 millones en ministerios y municipios del país durante los últimos cinco años.

La cifra surge de la revisión de los estados financieros de 73 entidades públicas, entre ellas organismos del Gobierno Central y municipalidades, consigna El Mercurio.

Según el informe, el monto corresponde a recursos objetados principalmente por abstenciones de opinión, es decir, casos en que la Contraloría no pudo validar la información financiera debido a errores graves, inconsistencias contables o falta de antecedentes suficientes para su revisión.

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Del total analizado, 50 organismos pertenecen al Gobierno Central y 23 al sector municipal, concentrándose las mayores observaciones en áreas como transferencias, cuentas por cobrar, activos no acreditados, deudas y gastos sin respaldo contable adecuado.

En esa línea, el documento revela que una de las principales falencias es la deficiente rendición de cuentas, con montos significativos que no han sido justificados dentro de los plazos legales, lo que impide determinar el destino final de los recursos públicos.

La Contraloría también advirtió problemas estructurales de control interno, como registros contables incompletos, conciliaciones bancarias pendientes y uso inadecuado de plataformas financieras, lo que incrementa el riesgo de errores y eventuales irregularidades.

En al menos cinco casos, el organismo fiscalizador decidió derivar los antecedentes al Ministerio Público, al detectar situaciones que podrían revestir carácter penal, lo que abre la puerta a investigaciones judiciales.

El informe subraya que estas deficiencias no solo afectan la transparencia, sino que también debilitan la confianza ciudadana en la administración del Estado y dificultan una correcta toma de decisiones en políticas públicas.

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