¿Qué es el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y qué cambia para las personas?

Con la aprobación final del Congreso, se crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y, junto con él, la Defensoría de Víctimas de Delitos. El objetivo central es simple y potente: que cualquier persona, especialmente quien no puede pagar un abogado o integra grupos de especial protección, tenga orientación, representación jurídica y apoyo psicosocial oportunos y de calidad.

Un servicio público, con presencia regional

El nuevo organismo será público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Ministerio de Justicia. Tendrá domicilio en Santiago y direcciones regionales, reemplazando y continuando legalmente a las Corporaciones de Asistencia Judicial (no se corta el servicio: se moderniza y se integra bajo un solo paraguas).

Qué prestaciones entrega

• Orientación legal gratuita para cualquier persona que la requiera.
• Asesoría y representación jurídica para quienes no pueden procurárselas por sí mismos o pertenezcan a grupos de especial protección (mujeres, infancia, personas mayores, personas con discapacidad, migrantes, entre otros).
• Apoyo psicológico y social cuando corresponda.
• Atención especializada a víctimas de delitos: defensa de sus derechos, acompañamiento en el proceso penal y acciones civiles para perseguir responsabilidades.
• Mediación y resolución colaborativa de conflictos (incluye la administración del sistema de mediación familiar).

Defensoría de Víctimas: qué hará en concreto

La Defensoría —dentro del Servicio— deberá:

• Informar y asesorar sobre derechos y cómo ejercerlos.
• Orientar y gestionar medidas cautelares y de protección con la Fiscalía y tribunales, y hacer seguimiento.
• Conectar con programas estatales disponibles.
• Representar jurídicamente a la víctima durante todo el proceso penal (incluida la ejecución de la pena) y en acciones civiles por daños.
• Brindar asistencia psicosocial para evitar revictimización.

Las y los funcionarios de policías que sean víctimas por razón de su cargo también podrán acceder a estas prestaciones.

Más garantías y estándares

El proyecto incorpora derechos de las víctimas, regula reclamos de usuarios, establece sanciones y mandata al Ministerio de Justicia a fijar estándares de calidad de las prestaciones. El Senado introdujo ajustes de redacción y fortalecimiento institucional sin alterar el fondo, y las modificaciones se aprobaron por unanimidad.

¿A quién beneficia?

• Toda persona puede pedir información y orientación jurídica.
• Tendrán abogacía gratuita quienes no puedan costearla o integren grupos de especial protección.
• Víctimas de delitos contarán con representación jurídica más apoyo psicosocial en un solo circuito.