FNE acusa a siete empresas y ocho ejecutivos por colusión en la compra de centolla en región de Magallanes: arriesgan multimillonarias multas
Acusan a procesadoras y directivos de coordinar precios durante años, afectando directamente a pescadores artesanales y el mercado regional.
FNE acusa a siete empresas y ocho ejecutivos por colusión en la compra de centolla en región de Magallanes
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a siete empresas procesadoras de centolla en Magallanes y a ocho de sus ejecutivos por presunta colusión entre 2012 y 2021 para fijar precios de compra a pescadores artesanales.
Las compañías involucradas son: Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör.
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Entre los ejecutivos acusados se encuentran representantes de estas empresas, incluyendo a quienes participaron en reuniones y comunicaciones para coordinar precios, aunque la FNE no reveló públicamente todos sus nombres por reserva de la investigación.
Según la FNE, los implicados coordinaban sus ofertas mediante reuniones presenciales en muelles, ferias y encuentros locales, también mediante correos y WhatsApp.
Con ello, buscaban establecer un precio de inicio más bajo y retrasar alzas durante la temporada de extracción de julio a noviembre.
Centolla / Bobby Ware
Adquirieron entre 81% y 88% de la centolla
Entre 2017 y 2021, estas empresas adquirieron entre 81% y 88% de la centolla viva capturada en la región, exportándola principalmente a China, Estados Unidos y México.
El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, afirmó: “Aunque hoy se exporta casi la totalidad de la centolla extraída, resulta indiscutible el daño que este comportamiento ha provocado en el mercado chileno, particularmente a los pescadores artesanales que viven de la extracción de este recurso”.
La FNE solicitó al TDLC multas equivalentes a cerca de US$ 54 millones para las empresas y casi US$ 445 mil para los ejecutivos.
La investigación incluyó delación compensada, interceptaciones telefónicas y allanamientos, aportando evidencia que sustenta la acusación de prácticas colusorias en el mercado regional.